Piden elevar a juicio a Domingo Cavallo y Daniel Marx

Se les imputa la figura prevista en el artículo 265 del Código Penal, que reprime con prisión de uno a seis años al funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".



Buenos Aires (Télam).- El fiscal federal Federico Delgado solicitó la elevación a juicio del ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y de su ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, por el denominado “megacanje” de la deuda externa durante la gestión del ex presidente Fernando de la Rúa.

Delgado les imputa a los acusados la figura prevista en el artículo 265 del Código Penal, que reprime con prisión de uno a seis años al funcionario que “directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

Mediante un dictamen de alrededor de 40 carillas, presentado al juez federal Jorge Luis Ballestero y al que Télam tuvo acceso, el representante del ministerio público recordó que “la investigación comprendió a muchos imputados” que fueron indagados.

Respecto del ex secretario del tesoro estadounidense y representante del Credit Suisse First Boston, David Mulford, el fiscal puntualizó que “si bien fue citado” a indagatoria “el acto no se materializó porque se encuentra desempeñando el cargo de Embajador de Estados Unidos en la India”.

Delgado recordó que “el resto de los imputados”, entre quienes se encontraban el propio De la Rúa, otros funcionarios y un importante número de banqueros, “cuenta a la fecha con una declaración de falta de mérito que, en muchos casos, ha sido confirmada -y en otros dispuesta- por la Sala II de la Cámara del Fuero” Federal. Respecto del “megacanje” en sí mismo, es decir “intrínsicamente hablando”, Delgado sólo hizo consideraciones históricas y no formuló acusación, en virtud de la decisión del Tribunal de Alzada de considerarlo una “cuestión política no judiciable en términos penales”.


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