Piden indagatoria para comisarios y empresarios

Es por el caso de la contratación directa de refacciones que hizo la Jefatura de Policía de Neuquén



NEUQUEN (AN)- La fiscalía pidió la indagatoria de cuatro altos jefes policiales y de un grupo de empresarios que realizaron refacciones en diversas dependencias de la Jefatura de Policía. Después de cuatro meses de investigación, se determinó que existieron presuntos hechos de corrupción en la contratación directa de esos trabajos.

Según trascendió, la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública pidió al juez que indague al comisario general Oscar Moccheggiani, director de Administración de la Jefatura; y a tres comisarios que se desempeñan en ese área: Francisco Ontivero, Luis Fica y Héctor Charra. Los tres habían sido separados de sus cargos en marzo, para facilitar la investigación.

El pedido de indagatorias elaborado del equipo que encabeza el fiscal Pedro Telleriarte incluye también a los empresarios Paul Vega y Cecilia Vulcano, así como a otras personas cuyas identidades no trascendieron, y que figuran como dueños de empresas contratadas en forma directa para realizar trabajos por un millón y medio de pesos.

El expediente recayó en el juzgado de Instrucción 4, que está vacante. El juez subrogante Héctor Rimaro debe decidir si hace lugar al pedido de la fiscalía y cita a declarar a los imputados.

También por trascendidos se supo que el ex ministro de Gobierno felipista, Carlos Silva, podría asumir la defensa de algunos de los comisarios involucrados en la maniobra.

Entre septiembre del año y pasado y febrero de este año, el Poder Ejecutivo provincial emitió tres decretos por los cuales autorizó a la Jefatura de Policía a gastar un millón y medio de pesos en la refacción de distintas dependencias. Entre otras, la Unidad de Detención 11, el departamento Toxicomanía y la sede del grupo especial Despo. El dinero se gastó, pero las obras no fueron terminadas.

Para realizar esos trabajos, la Jefatura no llamó a licitación sino que hizo contrataciones directas, invocando la emergencia carcelaria dictada también por decreto del Ejecutivo. Una de las empresas beneficiadas fue Vulcano Servicios Generales, propiedad de los ahora imputados Vulcano y Vega, quienes son pareja.

A partir de una denuncia anónima, la fiscalía empezó a investigar tres aspectos de esas contra

taciones: si los montos pagados se corresponden con los trabajos realizados; si las empresas tienen relación entre sí y si hubo desvío de materiales.

Al parecer detectó irregularidades, y por eso el miércoles pasado presentó en el juzgado 4 un escrito formulando acusaciones y pidiendo las indagatorias.

 

Reclaman 500.000 pesos

Algunas de las anormalidades fueron incluso admitidas por el empresario Vega en varias entrevistas que sostuvo con este diario. Vega le reclama a la Jefatura 500.000 pesos por mayores costos que según afirma tuvo que afrontar durante la construcción de las obras, y acusó al área de Administración de cometer desprolijidades que lo perjudicaron económicamente.

En cuanto al presunto desvío de materiales, resulta sugestivo que en forma paralela la empresa Vulcano construyó una planta de procesamiento de rosa mosqueta en Villa La Angostura. El director técnico de esa obra es el comisario Ontivero, y la firma que los contrató es de Buenos Aires pero cuenta con un fuerte respaldo del gobierno provincial.

Los más perjudicados fueron los obreros de la construcción contratados para realizar los trabajos, que se quedaron sin cobrar.


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