Piden informes por contrataciones en Dina Huapi

RÍO NEGRO

El Partido Provincial Rionegrino presentó siete pedidos de informes al Tribunal de Cuentas de Dina Huapi para conocer si las contrataciones de personal y obras realizadas por el municipio cumplen con las normas de ética pública.

Junto con estas consultas el PPR Dina Huapi dejó en claro su descontento por el ocultamiento de información y documentación al representante del partido en el organismo de control. “Estamos preguntándoles por qué razón la documentación del Tribunal de Contralor permanece bajo llave, impidiendo la consulta de la misma a Carlos Alberto Sánchez, vocal de ese organismo e integrante del PPR” aclaró la secretaria del partido, María Inés Nardi.

Dos de las consultas están referidas a la contratación del asesor legal Federico Lutz y la desvinculación del abogado Juan Carlos Garrafa. El PPR preguntó si Lutz ingresó a la planta permanente del municipio o si es funcionario político para saber bajo que organigrama se regulan sus tareas dentro del gabinete.

Por similares razones consultaron sobre la situación contractual de Garrafa. El presidente del PPR Dina Huapi, Alejandro Corbata, explicó que “si no hubiera renovación de contrato queremos saber cual fue el destino de los documentos, pagares o cualquier otro instrumento que obligue a los contribuyentes morosos a pagar sus deudas con el municipio”.

En agosto pasado el intendente hugo Cobarrubias informó que el Ejecutivo contaba con los servicios de Garrafa, contratado a término en $1.500 mensuales para atender los reclamos de tasas y otros trabajos específicos. El mandatario aclaró que el contrato del profesional concluiría cuando complete una documentación solicitada por el Tribunal de Cuentas.

Otra de las inquietudes planteadas está vinculada con la construcción de la Oficina de Turismo, obra que fue incluida en el presupuesto municipal. La presentación requiere precisiones sobre la forma de contratación de los prestadores de servicios y del personal, y el avance de obras. Nardi, señaló su preocupación por saber si las obras “cumplen con las normas vigentes de pagos AFIP, ART, seguros obligatorios”.

También pidieron informes sobre el alquiler de las oficinas del Ipross en Dina Huapi y las mejoras realizadas en el inmueble, advirtiéndole al Tribunal que de no contar con las respuestas en un plazo de cinco días recurrirán a “instancias administrativas superiores”.

Agencia Bariloche