Piden juicio a Aymale por el aeropuerto de cargas

Es la instancia administrativa por un gasto de 526.000 pesos.





La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia elevó el pedido de juicio de responsabilidad para Roberto Aymale por el perjuicio ocasionado al Estado provincial por más de 526 mil pesos. Esa responsabilidad se remonta a su gestión al frente de Aeronor, sociedad creada en el gobierno de Pablo Verani para la construcción del aeropuerto de cargas en General Roca.

Las irregularidades, a entender de la Fiscalía, también comprometen al actual presidente del IPPV, Vicente Pili, quien también avaló las operaciones cuestionadas como director de esa sociedad anónima con mayoría estatal. A Pili -como a Carlos Zarasola y Guillermo Fasano- se promueve el cobro de multas por «transgresiones legales y reglamentarias» en el manejo de Aeronor.

Hasta ahora, los órganos de control centraron la responsabilidad administrativa en esos 526.545 pesos por el pago de una factura de un servicio que no pudo comprobarse su realización. Aún así, otro monto -que supera los 5,3 millones- también se anticipa como probable perjuicio público. (ver recuadro)

El fiscal de Investigaciones, Pablo Berraz, firmó recientemente la resolución, por la cual solicitó al Tribunal de Cuentas el juicio de responsabilidad para Aymale y los multas para Pili, Zarasola y Fasano.

La investigación administrativa se originó en julio de 1998 por las denuncias de los ex diputados Nilda Nervi, Carlos Larreguy y Alcides Pinazo.

Aeronor se constituyó para la construcción del Aeropuerto de Cargas de Roca, cuyo proyecto de factibilidad y búsqueda de inversores fue adjudicada en 1994 a Aycsa Tensis, fundada en diciembre 1992.

La sociedad que presidió Aymale estimó oportunamente esta obra en más de 58 millones y Aycsa Tensis alentó como «supuestos inversores Gorriti Group Corporation y Ellman Investors». Además de la causa penal, la Fiscalía de Investigaciones promovió este juicio de responsabilidad con el objetivo de recuperar parte de las pérdidas derivadas por el desmanejo de los fondos públicos.

El primer elemento se corresponde con reclamar el reintegro de 526.545,04 pesos ya que Aymale ocasiono ese «perjuicio al erario público como presidente de Aeronor». Ese monto se abonó a Aycsa Tensis por un estudio de prefactibilidad del proyecto. Se concluyó que ese trabajo no se realizó. Dice el fiscal que se «pagó sin haber recibido la efectiva contraprestación del servicio que fuera contratado».

No existe constancia de recepción del estudio aludido, solamente existe un trabajo para «la prolongación de la actual pista 09-27, remitido por fax (o copia de fax) de una carilla y media».

Entre las imputaciones planteadas, la Fiscalía alude a «irregularidades en la contratación» y «no haber efectuado estudio que acreditara la solvencia» de Aycsa Tensis (posterior Aeropuertos Río Negro SA). Además, se cuestionó a Aeronor por el otorgamiento de la concesión en favor de Aycsa Tensis ni haber «demostrado en forma adecuada y exhaustiva la existencia de las circunstancias invocadas para contratar directamente y la razonabilidad del precio a pagar».

En la resolución, la Fiscalía concluyó que el directorio de Aeronor «efectuó contratos con un alto y desmedido costo financiero para las arcas públicas, sin haberse concretado ninguno de los objetivos que motivaran la creación de esa empresa».

Además, destacó la «responsabilidad solidaria e ilimitada del directorio en caso de infracción y perjuicio ocasionado a la sociedad». (AV)

Cinco millones en danza

El mayor costo que generó Aeronor con el frustrado aeropuerto de cargas de Roca aún se mantiene en instancias de su cobro judicial.

Se trata de un préstamo realizado por casi 1,8 millón de dólares a Aycsa Tensis (algo más de 5,3 millones de pesos).

La resolución de Fiscalía recuerda que el directorio de Aeronor liberó una «garantía otorgada por parte de Aycsa Tensis SA de 1.890.000 dólares, como póliza de seguro de caución Nº 98.359 de Alba Argentina de Seguros» por los adelantos de 1.772.393,30 dólares efectuados por la sociedad estatal para que aquella empresa cumpliera con el proyecto encomendado.

La garantía se liberó «sin haberse cumplido los requisitos», consistentes en «la presentación de los planos de obra definitivos, la presentación formal de los oferentes para construir con sus recursos la obra, la presentación formal de los operadores internacionales previstos, y el reintegro del monto anticipado».

Así, el adelanto con garantía se transformó «en un préstamo sin plazo cierto de devolución ni interés, tornando a este de dudosa cobrabilidad» .

Actualmente, «el recupero de dicha suma se encuentra sujeto al resultado de la demanda planteada por la provincia contra Aycsa Tensis SA y Aeropuertos Río Negro SA, acción promovida por la suma 1.772.193,30 ante la Corte Suprema de Justicia». (AV)


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