Piden juicio para ex funcionarios del Boletín Oficial y empresarios





VIEDMA .- Ex funcionarios del Boletín Oficial y comerciantes de Patagones deberán responder en un juicio oral por irregularidades en ese organismo.

Las maniobras presuntamente delictivas se habrían concretado entre fines del '95 y el '97 y habrían ocasionado un perjuicio al erario público por 50.000 pesos.

Al exdirector del Boletín Julio Martínez y al exsubdirector financiero Carlos Negro se les imputaron los delitos de «peculado de servicios» en concurso real con cuatro hechos de «estafa a la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta».

A Walter Gonzaga Poma como exsubdirector de Administración se le adjudicó la co-autoría del delito de «peculado de servicios», al igual que a los propietarios de la imprenta «Grafisur» de Patagones, Atilio Casadei y Juan Martínez.

El fiscal Ricardo Falca pidió al juez la elevación a juicio de esta causa, al fundamentar que las pruebas demuestran que el exdirector del Boletín Oficial utilizó la infraestructura de ese organismo para satisfacer necesidades de terceros y beneficiar a la firma «Grafisur».

Consideró que Julio Martínez impartió las órdenes para ejecutar los trabajos de impresión, afectando para ello material y personal del Boletín, además de perjudicar el patrimonio del Estado provincial.

Falca sostuvo que para ocultar su accionar el exfuncionario hizo desaparecer del organismo, entonces estatal, los originales de las órdenes de trabajo y los folios del libro respectivo donde quedaban registradas y que acreditaban que esas tareas habían sido en favor de «Grafisur».

Interpretó que el accionar de Martínez contó necesariamente con la participación de Carlos Negro y Luis Gonzaga Poma, quienes en función de los cargos que desempeñaban en el organismo dieron directivas a los empleados para la realización de los trabajos investigados, los que en algunas ocasiones hasta fueron retirados por los mismos exfuncionarios y entregados a la imprenta de Patagones.

Respecto de los propietarios de Casadei y Juan Martínez, el fiscal sostuvo que acordaron con el exdirector del Boletín la realización de una serie de trabajos de imprenta, utilizando la infraestructura del organismo y algunas veces material y personal del mismo con el único fin de beneficiarse económicamente. Destacó que los empresarios le cobraron a los particulares los trabajos contratados pero no los pagaron al Boletín donde se realizaron.

Falca también le imputó a los exfuncionarios haber tramitado llamados a licitaciones y simular que la empresa adjudicataria bahiense «Carlos Castoldi S.A.» había entregado el total del material adquirido y librar las respectivas órdenes de pago, ocasionando otro perjuicio.

Tanto a Martínez como a Negro les reprochó haber adquirido por licitación materiales a las firmas «Carlos Castoldi» y «De Rosa Construcciones» para trabajos de impresión encargados por Educación que no ingresaron en su totalidad al Boletín Oficial aunque sí fueron abonados a la firmas proveedoras.


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