Piden la captura del escribano Raúl Echevarría

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El escribano Raúl Echevarría sumará hoy la segunda declaración de rebeldía frente a la justicia y recibirá un nuevo pedido de captura nacional por la causa en que se investigan 62 hechos de «estafa calificada» contra la administración pública provincial.

El profesional, quien ya tuvo un juicio por «defraudación agravada» contra Rentas que le valió una condena a tres años de prisión, fue considerado prófugo por el juzgado correccional 8 y tiene pedido de captura desde el 7 de agosto de 2003.

El tribunal encabezado por Silvia Baquero Lazcano lo declaró en rebeldía en el marco de otra investigación por violación de la inhabilitación profesional.

Los oficios que firmarán a primera hora los jueces Carlos Salaberry, Edgardo Camperi y Juan Lagomarsino -subrogantes de la Cámara Segunda del Crimen- se sustentan en que el escribano violó la obligación de constituir domicilio ante la justicia y se encuentra prófugo.

La sustanciación del segundo juicio por defraudación al fisco contra el profesional se alteró cuando su patrocinante legal, Luis Botbol, renunció a la defensa por no poder localizar al acusado.

Con la declaración de rebeldía el proceso quedará suspendido hasta que se efectivice la detención. La Cámara no pudo localizar a Echevarría en esta ciudad y ayer confirmó que tampoco se encuentra en el departamento de Monseñor Larumbe 3251 -ubicado en Martínez, partido de San Isidro- donde vive su hijo.

La situación de Echevarría es delicada y todo indica que se mantendrá prófugo para evitar el encarcelamiento seguro que lo espera debido a que una nueva condena implicaría reincidencia. No obstante su detención podría demorarse si se confirman los fuertes rumores de que habría abandonado el país y se habría radicado en Holanda.

A principios de 2003 Echevarría apareció en Las Grutas, en la zona de Playa Serena, dirigiendo un restaurante junto con una mujer holandesa. (Ver foto).

En abril de 2000 la justicia d instrucción procesó al escribano y le dictó prisión preventiva por la presunta comisión de 62 defraudaciones a Rentas Generales de la provincia.

Echevarría pasó dos semanas detenido en la alcaidía local pero abandonó su celda favorecido por una orden de excarcelación que lo obligaba a permanecer en el país y mantenerse a disposición de la justicia rionegrina.

Meses después la causa, caratulada como «estafa continuada y calificada», fue elevada a la Cámara Segunda para que, con nueva composición, disponga la sustanciación del juicio.

El 20 de mayo de 1999 los jueces de ese tribunal condenaron a Echevarría a tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación por el delito de «defraudación agravada en perjuicio de la administración pública». Se lo acusó de aprovechar su calidad de escribano público y agente de retención del impuesto de Sellos de la provincia para beneficiarse en una suma cercana a los 800 mil pesos.

La justicia comprobó que había estampado sellos falsos en los comprobantes de pago del ex Banco Provincia de Río Negro en 32 oportunidades entre setiembre de 1991 y febrero de 1994.

La sentencia fue apelada tanto por el fiscal Enrique Sánchez Gavier como por la defensa. Esta última señaló errores en la investigación judicial y calificó al episodio como «la fiesta del fraude detectado en la DGR».