Piden más de mil indagatorias por el Corralito

La Fiscalía acusó ayer al gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) y a más de un millar de banqueros por el fraude cometido a través de la retención de depósitos, y pidió la declaración indagatoria de ex funcionarios entre los que figuran Mario Blejer y Alfonso Prat Gay, candidatos a ministros de Economía de Cristina Fernández y Elisa Carrió.

«Esta investigación se propone abrir la 'caja negra' del sistema bancario y financiero para poder determinar si las catástrofes se debieron a causas naturales o si hubo negligencia, impericia o dolo. Esa 'caja negra' se llama Banco Central de la República Argentina y el conjunto de bancos del sistema financiero», escribió el fiscal Oscar Amirante.

El fiscal requirió al juez federal Ariel Lijo que ordene más de un millar de indagatorias a los posibles responsables de la debacle económica de diciembre de 2001, cuando la administración De la Rúa dispuso retener las colocaciones en los bancos, apenas meses después de haber sancionado la ley de Intangibilidad de los Depósitos.

La acusación de Amirante tiene su antecedente en una investigación motorizada por el juez Eugenio Zaffaroni, que integra la Corte Suprema de Justicia y en octubre de 2004 propuso dar intervención al procurador general Esteban Righi para someter a proceso penal a los responsables de un posible fraude millonario.

Al sentar jurisprudencia en favor de la pesificación, en el «Caso Bustos», la Corte dictó una resolución en la que Zaffaroni acompañó el voto mayoritario pero reclamó una investigación para determinar las responsabilidad penales de quienes provocaron el «estado de necesidad» que justificó una serie de normas vio

latorias de los contratos entre los bancos y sus clientes. Para Zaffaroni, ni los funcionarios del gobierno de De la Rúa ni los banqueros «podían ignorar la situación y contexto en que se sancionaba» una ley que declaraba la Intangibilidad de los depósitos que, poco después, iban a quedar retenidos en las entidades en lo que se conoció como «Corralito».

Amirante requirió las declaraciones entre otros, de Domingo Cavallo -que era ministro de Economía cuando se instauró el «corralito»-, del ex funcionario de Hacienda Daniel Marx y de más de mil banqueros entre los que se encuentran Guillermo Hartenek, Eduardo Escasany, Arnaldo Bocco, Roberto Feletti, Diego Santilli, Enrique Olivera, Julio Macchi, Carlos y José Rohm, Miguel Kiguel, Ana Botín, José María Dagnino Pastore, Mario Vicens, Julio Werthein y Manuel Sacerdote, entre otros. En el dictamen, Amirante sostuvo que «la 'fiesta del uno a uno' había que pagarla, aún los que no asistían al banquete; pero hubo quiénes se pusieron a salvo: las entidades bancarias». Con «la fiesta del uno a uno», Amirante se refirió a la cotización 1 peso= 1 dólar que regía desde la sanción de la Ley de Convertibilidad en 1991.