Piden prisión a ex funcionario

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier pidió que le impongan 5 años de prisión efectiva más la accesoria de inhabilitación perpetua al ex director de Rentas, Gustavo José Garaycochea, por el delito de malversación de caudales públicos.

Al ex funcionario lo acusan de haberse apropiado de cheques por un valor de 34.500 pesos que los contribuyentes le habían entregado para cancelar sus obligaciones de Ingresos Brutos con la Dirección General de Rentas, aprovechando las falencias del sistema y el descontrol existente, del que en forma contemporánea también se beneficiaron otras personas en forma ilegal.

Los hechos investigados habrían ocurrido a partir de diciembre de 1990 y hasta los primeros meses de 1991, pero recién fueron denunciados por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pedro Funes, en 1995, luego de que una serie de inspecciones a grandes contribuyentes de Bariloche revelara la existencia de comprobantes de pago con sellos apócrifos.

El imputado reconoció que en la fecha en que ocurrieron los hechos no existía un sistema contable, ni asientos, ni estaban computarizados los datos, y que los registros manuales, tipo «libreta de almacenero», estaban supeditados a la buena voluntad de los empleados. Sin embargo, el estampado de sellos falsos en los comprobantes de Rentas lo atribuyó a la infidelidad de algún cajero del ex Banco Provincia de Río Negro.

En esos momentos la única garantía de que el dinero llegara a las arcas de la provincia consistía en que Rentas era la entidad fiscalizadora, pero la recaudadora era el Banco: una entidad perseguía las deudas y la otra las cobraba. Esa circunstancia, de acuerdo con el alegato del fiscal, impulsó a Garaycochea a interceptar los pagos que los grandes contribuyentes realizaban en cheques -Carlos Boelcke, Mariano De Miguel, Aerosilla Cerro Campanario, Perner S.A, etcétera, pese a que estaba prohibido hacerlo, y los cobraba por ventanilla en su provecho.

Para el fiscal, los hechos están acreditados por la existencia de los 10 cheques y los comprobantes con sellos adulterados que fueron secuestrados y están agregados a la causa. Consideró que Garaycochea en principio engañaba los contribuyentes, porque los cheques estaban librados a la orden de la DGR o de su titular, pero concluía con un perjuicio para la Administración Pública, porque el imputado se quedaba con los importes.

Sánchez Gavier recordó que mientras algunos pocos conocían y se aprovechaban de las falencias del sistema, y mencionó entre otros al escribano Raúl Echevarría, a la empleada Ana María Limonti y a Garaycochea, un joven empleado contratado, Pedro Pizarro, descubrió la proliferación de comprobantes con sellos de pago apócrifos, y por denunciar la situación fue discriminado, sumariado, y estuvieron a punto de exonerarlo de Rentas.

El fiscal también recordó que, cuando condenaron a Echevarría por apropiarse de 760 mil pesos, consideró que el escribano «debía contar con un cómplice en la DGR, que necesariamente debía de ser el jefe de la delegación», y lamentó que Gustavo Garaycochea ni siquiera hubiera sido citado como testigo en esa causa».

Al solicitar la pena, el fiscal Sánchez Gavier atendió a la falta de antecedentes de Garaycochea, pero consideró agravante la función que desempeñaba, la reiteración de los hechos y el perjuicio ocasionado al Estado provincial.