Piden que la CEB corra una línea de alta tensión

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) reclamó a la Justicia que ordene a la CEB el corrimiento de un cableado de 33 kv ante el riesgo que corren los moradores de varias viviendas precarias ubicadas debajo de la línea.

Según el organismo regulador, existe «la fuerte probabilidad» de que las personas que viven en el lugar «sufran algún tipo de accidente por electrificación, incluso su propia muerte». Justificó asimismo la imposición de la medida cautelar ante «el incumplimiento reiterado de la CEB» a las sucesivas intimaciones para que erradique el peligro potencial.

El presidente de la prestadora eléctrica, Omar Goye, señaló que «no es un tema de sencilla solución» y anticipó que cuando reciban la notificación se presentarán al juzgado y reiterarán los argumentos esgrimidos hasta ahora frente al EPRE.

En una nota enviada hace un mes al ente de contralor, la CEB había advertido que «la relocalización de las familias con vivienda en el área de la línea de 33 kv. es materia asu

mida por la municipalidad de Bariloche, a través del secretario de Gobierno, Adolfo Fourés».

Hasta ahora, sin embargo, no hay noticias de que exista un plan de traslado para las casi 60 familias que se asentaron de manera irregular en las tierras afectadas a la «servidumbre de electroducto». Ayer Fourés tuvo una reunión tras otra y no pudo atender los llamados de este diario. Lo que hay en juego -admitió Goye- es un deslinde de responsabilidades por el riesgo que corren vidas y bienes ante una eventual descarga eléctrica en el lugar. Para el EPRE no hay dudas de que l titular de la concesión eléctrica, «al tener a su cargo la guarda de la cosa riesgosa», es la única responsable de la seguridad pública en torno de las líneas e instalaciones.

Si bien el tendido de 33 kv. que une La Paloma con la usina Pechón en el barrio Ñireco fue instalado hace varios años sobre campo libre, el barrio no se conformó de un día para el otro.

Según sostiene el EPRE, la Cooperativa debió haber accionado y promovido el desalojo «ante la instalación de las primeras viviendas». En realidad el conflicto entre las partes no es nuevo. La primera inspección del EPRE que comprobó el asentamiento debajo de las líneas data de febrero de 2001. Desde entonces libró varias notificaciones instruyendo a la CEB para que despeje «la afectación de la seguridad pública» en el lugar y también le impuso multas por 18.605 pesos. Pero todo siguió igual. Por eso las actuales autoridades del Ente decidieron presentarse ante el juez civil Emilio Riat con una «medida cautelar autónoma» y le solicitaron que ordene a la CEB «en forma inmediata» el cumplimiento de las medidas preventivas que neutralicen el riesgo.

En ocasión de recibir la última sanción (en noviembre pasado) el entonces presidente de la CEB, Roberto Ceaglio, había sostenido que el traslado de la línea no era la mejor salida, «porque el problema de fondo es la pobreza de Bariloche, que requiere soluciones políticas y sociales».