Piden que no dejen salir del país a los procesados por el caso Flavors

VIEDMA (AV).- La legisladora electa, ex defensora del Pueblo y denunciante en la causa Flavors, Ana Piccinini, pidió al juez Carlos Reussi que pondere la necesidad de dictar una medida precautoria a fin de impedir la salida del país de los funcionarios y empresarios recientemente procesados en ese expediente. Piccinini ya había presentado ese requirimiento ante el juez Pedro Funes, quien estuvo inicialmente al frente de la investigación, pero el magistrado no hizo lugar. El motivo de la solicitud radica en que “sospecha de que en el transcurso del proceso los imputados puedan eludir la acción del Juzgado retirándose” del país. En sus especulaciones, la ex defensora apuntó especialmente a “los dueños de las empresas Flavors y Masily, imputados Javier Matas, Máximo Vicchi y Daniel Fernández”. Cabe recordar que la semana pasada, el juez Reussi procesó a los tres empresarios y a la ministra de Salud Adriana Gutierrez, la ex ministra de esa cartera Cristina Uría y los ex ministros de Familia y Hacienda, Alfredo Pega y Pablo Federico Verani. El expediente fue recaratulado como “Pega, Alfredo Daniel y otros s/ defradudación contra la administración pública”. Cabe recordar que Reussi procesó a los ex ministros por “estafa” con “defraudación en el cumplimiento de los contratos y con administración infiel, en perjuicio de una administración pública”. Y por la provisión de alimentos que no reunían la calidad pactada, como galletitas con alambres o alimentos adulterados. El magistrado dictó los procesamientos de los empresarios Vicchi, Matas y Fernández como coautores de esos mismos delitos. En sus conclusiones, Reussi advirtió que una pericia cuantificará el perjuicio pero entendió que es evidente el “detrimento patrimonial al Estado, que contrató con una firma sin la solvencia acreditada, que pagó por bienes y servicios no prestados en los términos convenidos, y que renunció a percibir impuestos que estaban a su alcance”. Compartió así el criterio de la denunciante -la ex defensora del Pueblo Ana Piccinini- y de la fiscal de la causa, Daniela Zágari. Identificó Reussi un obrar conjunto en que “los funcionarios públicos, contra la misión que les era propia, adoptaron las actitudes para permitir la presencia y continuidad de la contratación durante más de dos años con una firma que -en dos meses de actividad investigativa- debió ser desplazada de la contratación por contundentes irregularidades”.