Piden que se anule el convenio entre la comuna y los Tarruella
Carlos Segura solicitó ante la Justicia la nulidad del convenio por una franja de tierra en Las Grutas.
LAS GRUTAS (ASA).- La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería 1, a cargo de Gabriela Tamarit, recibió un pedido de nulidad del acuerdo extrajudicial firmado entre el municipio de San Antonio Oeste y la familia Tarruella, mediante el cual se puso fin a un histórico litigio por una importante franja de tierras ubicadas al sur de esta villa balnearia. Se trata del convenio que se firmó en 2013, para resolver mediante un acuerdo de porcentajes el pleito iniciado en 2005 por esa familia, por una franja costera compuesta por alrededor de 260 hectáreas, en el que se definió que el 65% quedaría para el Estado y el 35% en las de los particulares. “Ese acuerdo es un tremendo contubernio entre el poder administrador y los Tarruella, y los únicos perjudicados son los habitantes de esta comarca. Por años investigaciones periodísticas y distintos actores divulgaron e hicieron pública información que daba cuenta de que la totalidad de hectáreas que ellos reclamaban en su carácter de ocupantes históricos formaban parte de un reclamo que había prescripto. Es que a través del tiempo, a cambio de cesar con ese pedido, ellos recibieron parcelas en compensación. Hay normas y documentos que dan cuenta de esto, que adjunto para que sean analizadas. Hasta ahora, nadie juntó todo ese caudal para presentarlo en la Justicia y dar por tierra con este acuerdo. Decidimos hacerlo junto con mi cliente”, dijo Carlos Cajarville, que es el abogado que realizó el pedido de nulidad junto a otros requerimientos. Cajarville representa a Nicolás Segura, un vecino de este balneario que en mayo del año pasado inició un reclamo por la posesión de 22 hectáreas ubicadas en un sector de la zona que hasta hace poco estaba en litigio. Alega que posee derechos sobre ellas porque ocupa el lugar desde hace más de 20 años, y que realizó una construcción y mejoras. Debido a eso en abril pasado se estableció en esas tierras una medida de no innovar. Justamente, la presentación que actualmente realiza el abogado de Segura es en respuesta a dos pedidos que antes elevaron tanto los Tarruella como el municipio, para desestimar esas restricciones. Como la jueza Tamarit es la misma que homologó el convenio transaccional entre Tarruella y la municipalidad, en su presentación, Cajarville pide ahora que se “acumulen los procesos, revisando toda la documentación que sobre el reclamo de los Tarruella adjunto, para que se trate el tema de la nulidad de ese acuerdo, y se reconstruya el patrimonio municipal. Recién ahí se trataría el reclamo de mi cliente (por Segura) que es el único ocupante legítimo dentro de esa franja”.
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LAS GRUTAS (ASA).- La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería 1, a cargo de Gabriela Tamarit, recibió un pedido de nulidad del acuerdo extrajudicial firmado entre el municipio de San Antonio Oeste y la familia Tarruella, mediante el cual se puso fin a un histórico litigio por una importante franja de tierras ubicadas al sur de esta villa balnearia. Se trata del convenio que se firmó en 2013, para resolver mediante un acuerdo de porcentajes el pleito iniciado en 2005 por esa familia, por una franja costera compuesta por alrededor de 260 hectáreas, en el que se definió que el 65% quedaría para el Estado y el 35% en las de los particulares. “Ese acuerdo es un tremendo contubernio entre el poder administrador y los Tarruella, y los únicos perjudicados son los habitantes de esta comarca. Por años investigaciones periodísticas y distintos actores divulgaron e hicieron pública información que daba cuenta de que la totalidad de hectáreas que ellos reclamaban en su carácter de ocupantes históricos formaban parte de un reclamo que había prescripto. Es que a través del tiempo, a cambio de cesar con ese pedido, ellos recibieron parcelas en compensación. Hay normas y documentos que dan cuenta de esto, que adjunto para que sean analizadas. Hasta ahora, nadie juntó todo ese caudal para presentarlo en la Justicia y dar por tierra con este acuerdo. Decidimos hacerlo junto con mi cliente”, dijo Carlos Cajarville, que es el abogado que realizó el pedido de nulidad junto a otros requerimientos. Cajarville representa a Nicolás Segura, un vecino de este balneario que en mayo del año pasado inició un reclamo por la posesión de 22 hectáreas ubicadas en un sector de la zona que hasta hace poco estaba en litigio. Alega que posee derechos sobre ellas porque ocupa el lugar desde hace más de 20 años, y que realizó una construcción y mejoras. Debido a eso en abril pasado se estableció en esas tierras una medida de no innovar. Justamente, la presentación que actualmente realiza el abogado de Segura es en respuesta a dos pedidos que antes elevaron tanto los Tarruella como el municipio, para desestimar esas restricciones. Como la jueza Tamarit es la misma que homologó el convenio transaccional entre Tarruella y la municipalidad, en su presentación, Cajarville pide ahora que se “acumulen los procesos, revisando toda la documentación que sobre el reclamo de los Tarruella adjunto, para que se trate el tema de la nulidad de ese acuerdo, y se reconstruya el patrimonio municipal. Recién ahí se trataría el reclamo de mi cliente (por Segura) que es el único ocupante legítimo dentro de esa franja”.
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