Piden una audiencia pública por las tierras de la cárcel desocupada

Para muchos vecinos y referentes de la ciudad el destino final que tendrán las tierras donde funciona el complejo penitenciario U9, no debe ser un tema de pujas políticas entre partidos provinciales y municipales, sino un tema de su competencia. Por eso pidieron a la Defensoría del Pueblo que genere y mantenga el espacio para canalizar esta participación ciudadana.

La semana pasada se autoconvocaron en la Defensoría del Pueblo dirigentes vecinales, de entidades intermedias, profesionales, representantes del Colegio de Arquitectos, profesionales del ambiente, integrantes del Caesyp, entre otros, y aprobaron un acta con pasos a seguir. Incluyen el pedido de una audiencia pública, de un estudio de impacto ambiental abarcativo y la elaboración de un proyecto integral, entre otros aspectos.

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Una de las participantes, destacó que “hay una discusión que no se da, que es la que tiene que ver con el destino de tantas hectáreas de dominio público. Desde la Carta Orgánica de la ciudad y el Plan Urbano Ambiental (PUA) que se hizo hace 20 años y se respetó poco, está escrito cómo sería el proceso de gestión de la tierra pública, pero pareciera que se está alejado de gestionar la ciudad así”, dijo Gabriela Álvarez, arquitecta y docente Universidad del Comahue (UNC), actualmente trabaja en la secretaría de Extensión universitaria en la proyección del hábitat en el área metropolitana.

Los vecinos estuvieron de acuerdo en que a ellos poco les interesa la discusión en la órbita de lo partidario que propone gobierno municipal “versus” gobierno provincial. Compartieron la idea de que la ciudad no necesita una mayor urbanización edilicia en el sector, sino que aprovecharía más nuevos espacios verdes. A su vez alertaron que falta información concreta de los proyectos en discusión y que es imposible acceder a los mismos.

Se piensa en pedir una audiencia tanto a Provincia como al Municipio y seguir con estos encuentros. Finalmente, se preguntaron por el apuro de las definiciones.

“Tantos años estuvo la cárcel así y ahora en cinco meses tiene que haber un proyecto, la pregunta es por qué tanto apuro. No hay que tener miedo a la participación comunitaria, solo ordenarla”, dijo Álvarez.

“No hay alguien con capacidad para definir el destino de la tierra pública. Los dueños son muchos y tiene que surgir del consenso”.

Gabriela Álvarez, docente de la UNC y arquitecta.