Pidieron 30 años para presunto violador serial





SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier encontró mérito para sostener la acusación contra Christian Rodolfo Hernández Oyarzún por varios hechos de abuso sexual ocurridos en Bariloche, cinco más de los que solicitó el abogado querellante Juan Manuel García Berro en representación de dos de las víctimas, por lo que solicitó una pena de 30 años de prisión. En tanto que el defensor Gustavo Butrón reiteró su pedido de nulidad de todo lo actuado y pidió que lo releven de su cargo, porque el imputado le habría dicho que no creía en él. García Berro consideró que existen en la causa pruebas suficientes que vinculan en forma directa al imputado con los seis hechos ventilados en debate desde el comienzo de la investigación. Se refirió a los testimonios aportados a la causa, a los testigos de identidad reservada, las pericias telefónicas y el retrato hablado, y entendió que los hechos fueron “contemporáneos, con el mismo modus operandi, y que ha utilizado teléfonos robados a sus víctimas”. Valoró el reconocimiento de las víctimas, tanto en instrucción como en la audiencia debate, y el estudio de ADN realizado, antes de pedir que le apliquen 25 años de prisión. El fiscal Marcos Burgos se refirió a los elementos recogidos durante la prevención, su par Eduardo Fernández realizó el análisis de los elementos probatorios, y el fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier lo hizo en relación a la calificación legal y la pena a imponer. Este alegó que no existe “ninguna duda sobre la materialidad y autoría por parte de Hernández Oyarzún”, y realizó un pormenorizado relato de cada uno de los casos, solicitando al tribunal que considere a cuatro de los hechos en grado de tentativa, y que quedó demostrada “la clara intención del encartado en consumar delitos contra la integridad sexual de sus víctimas”. Sánchez Gavier estimó que en el caso debía plantearse una pena única, una imputación global, se refirió a la capacidad del imputado de comprender sus acciones, a las connotaciones seriales de la imputación, al ataque a la integridad sexual de sus víctimas en todos los casos analizados, y a la consternación que provocaron los hechos en la ciudad. Insistió en que Hernández Oyarzún actuó ante mujeres indefensas y solicitó una sanción ejemplar “toda vez que nuestra sociedad esta rodeada de montañas y no es posible darle una custodia a todas y cada una de las personas que deseen realizar caminatas o paseos”. Analizó las circunstancias agravantes y atenuantes, y consideró que la pena de 25 años solicitada por el querellante sería la media de la escala penal a imponer, por concurrir los delitos en forma real. Aclaró el concepto explicando que no advirtió atenuante alguno, ni voluntad reparatoria, y sí agravantes, como la premeditación y elección de las víctimas, por lo que propuso al tribunal elevar la pena media e imponer 30 años de prisión.

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