Pidieron justicia y controles en los medicamentos

VIEDMA (AV)- Unas 200 personas marcharon ayer para pedir que se esclarezca la muerte de Verónica Díaz. En silencio y bajo un intenso calor que superó los 36 grados, familiares, amigos y vecinos de la joven viedmense caminaron más de 20 cuadras desde el barrio Guido donde reside la familia Díaz hasta el hospital Zatti. El recorrido continuó luego por las calles viedmenses hasta la sede del ministerio de Salud, donde los padres y una hermana de Verónica fueron recibidas por la ministra Adriana Gutiérrez. Apenas finalizó este encuentro, Nicolás Díaz, el padre de Verónica, partió a la terminal -donde trabajaba la joven- para subirse al colectivo que lo llevó hasta Buenos Aires donde hoy a las 16 será recibido por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

«Que se investigue, que se llegue a los responsables para que a nadie más le suceda esto y que exista un control más estricto sobre los medicamentos». Ese será el pedido que adelantó Díaz le formulará al ministro nacional, el mismo que le planteó ayer a Adriana Gutiérrez.

Díaz dijo desconocer detalles sobre las tramitaciones para las compras de medicamentos y la burocracia interna del Estado y sólo aclaró que la muerte de su hija «me está dando conocimiento de cómo son las cosas». Un gran cartel con la frase «Para que lo de Verito no quede impune, queremos control en los medicamentos» sostenido por los familiares de la joven encabezó la marcha de ayer. Otros que llevaban la foto de la desafortunada chica señalaban «Por el descanso de Verito su familia pide justicia» y uno más pequeño fue tal vez el más conmovedor: «los chicos de catequesis te recordaremos» rezaba la frase del cartel que a lo largo de la marcha fue pasando de mano en mano entre los chiquitos del grupo de Catequesis del que participaba Verónica en el barrio.

Ante la ministra, la familia Díaz manifestó la necesidad que «se haga justicia», mientras que la funcionaria mostró a los padres copia de la documentación que fue elevada al juez junto con la denuncia penal. También reclamaron el informe de la autopsia que aún no fue remitido a la provincia. Miguel Cardella, como abogado de la familia, confirmó que se constituirán como querellantes para que se determine cuál fue la causa de la muerte de Verónica, sobre lo que señaló el convencimiento que fue el medicamento adulterado. Respecto de la figura penal sostuvo que se trata del delito «atentado contra la salud pública» sancionado con una importante pena agravada en casos como éstos seguido de muerte y destacó la necesidad de encontrar el laboratorio clandestino y los responsables de canalizar en la comercialización de los productos este medicamento.

Cardella agregó que también existe una responsabilidad del Estado por haber suministrado un medicamento falso y en este sentido mencionó la existencia de un instituto nacional que debe controlar la comercialización de los medicamentos. (AV)

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