Pidieron perpetuas y penas de más de 20 años

Leonardo Petricio

NEUQUÉN (AN).- “Criminales de esta envergadura no pueden pasar un sólo día de lo que les resta de sus vidas fuera de la cárcel”, dijo Juan Cruz Goñi, quien junto a María Suárez Amieva son los querellantes por la Asamblea por los Derechos Humanos Neuquén (APDH), al cerrar ayer el extenso alegato alrededor de ocho horas con el que fundamentaron las severas penas que pidieron.

“Debe aplicarse el máximo de las condenas; no hay atenuantes; debe ser efectivas; no se deben admitir las prisiones domiciliarias”, añadió el joven abogado para pasar a pedir cadena perpetua para cinco imputados; penas se 25 años para siete; de 21 años para nueve y de seis para uno.

“Queremos justicia para todas las víctimas de la atroz represión de la dictadura, pero también para la sociedad, porque es contra el genocidio. Señores jueces, por los 30.000 desaparecidos, pido justicia”, remarcó.

Solicitó prisión perpetua para los militares Enrique Olea, Hilarión de la Pas Sosa, Oscar Reinhold, Sergio San Martín y Jorge Molina Ezcurra.

Para los oficiales del Ejército José Luera, Osvaldo Laurella Crippa, Gustavo Vitón, Enrique Casagrande y Máximo Maldonado; el comisario rionegrino Antonio Camarelli; y el agente civil de inteligencia Antonio Guglielminetti, solicitó 25 años de cárcel.

Para los militares Francisco Oviedo, Jorge Gaetani; el agente civil de inteligencia Serapio Barros; el gendarme Emilio Sacchitella; los policías rionegrinos Julio Villalobo, Miguel Quiñones, Saturnino Martínez, Henerio Huircaín y Oscar Del Magro, pidió 21 años de prisión.

Para el comisario rionegrino Desiderio Penchulef pidió seis años de cárcel.

Suárez Amieva y Goñi comenzaron con una extensa descripción de los argumentos por los cuales pidieron las condenas. “La muerte fue el método”, sostuvieron los querellantes María Suárez Amieva y Juan Cruz Goñi.

Explicaron que mientras en la superficialidad del proceso militar había una organización autoritaria regida por la estructura designada como de reorganización nacional, por lo bajo operó un “circuito represivo” conducido por el Ejército con la participación de fuerzas como las policías provinciales de Neuquén y de Río Negro y la Federal.

Resaltaron el funcionamiento de la delegación de la policía Federal como centro clandestino, al igual que la comisaría de Cipolletti las primeras dos semanas después del golpe militar, y la de Cutral Co durante el operativo en la comarca petrolera, en junio de 1976.

Señalaron que los medios de comunicación, gráficos, radiales y televisivos fueron funcionales en el esquema represivo, por una combinación de censura, autocensura y manipulación informativa, luego de que en los partes oficiales se calificara los secuestros como detenciones, los “asaltos en los domicilios” como allanamientos y la apropiación de bienes durante los operativos como “secuestro judicial”.

Al respecto destacaron la actitud del diario “Río Negro”, que “estuvo en el ojo de la tormenta por no acatar esas imposiciones”.

En lo regional destacó como quedó probado esta búsqueda de control, con la reunión que se llevó a cabo en una oficina de la Sexta Brigada del Ejército, donde describió uno a uno las víctimas que sufrieron tormentos en la federal, en La Escuelita, en la comisarías de Cipolletti y de Cutral Co.

causa “la escuelita” II