Pidieron seis meses de cárcel para el teniente coronel fisgón

NEUQUEN (AN)- El fiscal José María Darquier pidió seis meses de prisión y un año de inhabilitación en su estado castrense para el teniente coronel David Cabrera Rojo (48 años), ex jefe de Inteligencia del Ejército en esta capital, a quien acusó de «usurpación de autoridad» por haber ordenado en 1996 la filmación de una marcha de repudio al golpe militar de 1976. Le imputó haber utilizado elementos y personal a su cargo para cumplir una función que está reservada al ministerio de Defensa.

En juicio oral y público realizado ayer ante el juez federal Guillermo Labate, el defensor del militar, Marcelo Medori, rebatió los cargos y reclamó la absolución de su defendido. La sentencia se conocerá la próxima semana en la nueva sede del juzgado, Periodistas Neuquinos 170.

Cabrera Rojo se negó a declarar y no hubo testigos. Sólo se leyeron las que habían prestado durante la investigación.

El hecho juzgado se originó el 24 de marzo de 1996, cuando un reportero gráfico de este diario registró el momento en que un subordinado de Cabrera Rojo filmaba la marcha de organismos de Derechos Humanos para repudiar el vigésimo aniversario del último golpe militar.

Cuando la manifestación transitaba frente al edificio del comando del ejército, desde una ventana se registraron imágenes de la protesta por parte del imputado y de su subordinado, el sargento ayudante Carlos Vieyra.

El oportunismo del fotógrafo documentó ese momento y se constituyó en el elemento que sirvió de base para el proceso del militar.

Cabrera Rojo fue acusado inicialmente de abuso de autoridad, pero posteriormente la Cámara Federal de Roca modificó la carátula y le endilgó un delito más leve, enmarcado en la Ley de Seguridad Interior. Los testimonios de un periodista y dos fotógrafos de «Río Negro» y de los jefes del imputados, resultaron determinantes para demostrar, según el fiscal, el episodio y la responsabilidad de Cabrera Rojo.

«El imputado incurrió en usurpación de autoridad al ejercer una función para la que no estaba autorizado. Su actitud fue dolosa porque por su jerarquía no podía ignorar que la afectación de un elemento -la filmadora- del Ejército para ese fin, no estaba autorizada y era privativa del Ministerio de Defensa», dijo Darquier.

En la investigación, si bien se secuestró la filmadora y otros elementos, no se encontró ningún material fílmico y el fiscal destacó esta circunstancia como un atenuante al momento de pedir la pena. Como agravante consideró la condición de jefe de Inteligencia del imputado.

«Nada se probó de todos los cargos. Quedó demostrado que mi defendido no ordenó la filmación de la marcha ni tuvo ninguna participación previa» en el hecho que se imputa, dijo el defensor.

En una exposición que le demandó dos horas, Medori cuestionó la acusación fiscal, sostuvo que las medidas que se tomaron para preservar la seguridad del edificio del comando obedecieron a un pedido de la delegación local de la Policía Federal y que Cabrera Rojo se vio involucrado porque tenía a cargo la filmadora.