Pinochet declarará por la muerte de Víctor Jara

Un juez le exigirá el nombre del jefe del Estadio Nacional.

SANTIAGO DE CHILE (AP/AFP) - Se van acortando los caminos para la impunidad del ex dictador Augusto Pinochet. Por un lado, ayer se conoció que será interrogado por escrito por la muerte del folclorista chileno Víctor Jara, ocurrida poco después del golpe, mientras que hoy la Corte de Apelaciones examinará su posible desafuero en la causa que se le sigue por la denominada Operación Cóndor de represión de disidentes en todo el Cono Sur del continente.

Pinochet sería interrogado por exhorto para que informe quién fue el jefe del Estadio Nacional de Chile -convertido en un campo de prisioneros- en el que se torturó y asesinó al cantante Víctor Jara, informó ayer el abogado Nelson Caucoto.

El exhorto a Pinochet fue despachado por el juez Juan Carlos Urrutia, que investiga el asesinato del cantante chileno, tras acoger el magistrado una serie de diligencias pedidas por Caucoto.

El abogado dijo que "parece increíble'' que después de 31 años no se sepa quiénes fueron "los autores de las torturas y muertes ocurridas en ese recinto, como fue el caso de Víctor Jara''.

Jara era uno de los artistas más populares en la época del gobierno del presidente Salvador Allende y fue capturado el mismo día del golpe militar, el 11 de septiembre de 1973. Testigos dijeron que los militares le quebraron los dedos de las manos, mientras lo obligaban a tocar su guitarra y a cantar. Su cuerpo apareció días después acribillado en una comuna periférica de Santiago.

Caucoto dijo que se consultará a Pinochet en su calidad de jefe de la Junta Militar que derrocó a Allende, porque hasta hoy el ejército no ha revelado quién estuvo a cargo del estadio. El juez también interrogará a otros oficiales que integraron el alto mando de Pinochet. El anuncio del abogado abre un nuevo cauce legal sobre el ex dictador. Ahora son cuatro los jueces que lo investigan.

Hoy, la Corte Suprema debe decidir si ratifica su desafuero de su calidad de ex jefe d estado para que se le inicie un juicio por la muerte de izquierdistas a manos de los jefes de las policías represivas de las dictaduras del Cono Sur, en la década de los setenta, en la llamada "Operación Cóndor'', aplicada por las dictaduras sudamericanas en los años 70 para eliminar a sus opositores.

El máximo tribunal del país tiene ante sí la alternativa de privar de su inmunidad al general Pinochet, como lo resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 28 de mayo, o rechazar el desafuero y archivar el caso. En su sorpresivo veredicto de mayo, la Corte de Apelaciones estimó que Pinochet "tuvo conocimiento" de esa operación secreta que aplicaron las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El resultado del plan, ejecutado por los servicios de inteligencia de los regímenes militares, fue el asesinato o desaparición de cientos de opositores izquierdistas en esos seis países, según las investigaciones realizadas en Paraguay, Argentina y Chile.

También ayer la Corte de Apelaciones nombró al juez Cornelio Villarroel para que investigue una querella del Partido Comunista que la semana anterior acusó al ex gobernante de ordenar la remoción y quema de los restos de 17 campesinos ejecutados en los comienzos de su régimen.

Otro juez investiga a Pinochet por millonarias cuentas bancarias secretas que tuvo en el banco Riggs, de Washington, entre 1994 y el 2002.

Detienen a ex jefe policial

SANTIAGO (AFP).- El ex jefe de la policía chilena de Investigaciones Nelson Mery quedó detenido ayer tras ser notificado por el juez Víctor Stenger del procesamiento por torturas y otras violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet , informó el tribunal.

Mery se desempeñó hasta hace un año como jefe de la policía civil, pero renunció al estallar las denuncias de más de un centenar de ex prisioneros del régimen militar, que lo identificaron como uno de sus torturadores.

Las denuncias se canalizaron a través de una querella presentada por la Agrupación de Ex Presos Políticos de Linares, 275 km al sur de Santiago, donde funciona la Escuela de Artillería del Ejército que fue convertida en una prisión tras el golpe de 1973.

La situación de Mery, que dirigió los servicios de Investigaciones durante 12 años, se complicó en julio de 2003 cuando la ex presa política Odette Alegría afirmó que quiso obligarla a practicar sexo oral en el recinto, donde el entonces detective colaboró con los militares en los comienzos de la dictadura.


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