Pinochet podría ser acusado por «lavado de dinero»

SANTIAGO (AFP) – El juez chileno Sergio Muñoz inició oficialmente ayer la investigación de las denuncias contra el ex dictador Augusto Pinochet, por las cuentas secretas que mantuvo en Estados Unidos que podrían configurar un «lavado de dinero».

Muñoz «acogió a trámite» la querella que el martes presentaron contra el general Pinochet los abogados Carmen Hertz y Alfonso Insunza, que lo acusaron de fraude.

El magistrado acogió igualmente la denuncia que entregó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que no especificó el eventual delito pero pidió aclarar el origen de los depósitos que Pinochet efectuó en el Riggs Bank de Washington, por cantidades que varían entre cuatro y ocho millones de dólares.

En las próximas etapas de su investigación, el juez deberá establecer si existen razones para someter a juicio al ex dictador que gobernó Chile entre 1973 y 1990, para pedir a las cortes que lo priven de su fuero.

La existencia de esas cuentas secretas, que Pinochet mantuvo entre 1994 y 2002, fue revelada el jueves pasado por una comisión del Senado de Estados Unidos, que investigaba las operaciones del Riggs Bank y sus posibles vínculos con «lavado de dinero» de organizaciones terroristas.

Al explicar el origen del dinero, dos de los hijos del ex dictador, Marco Antonio y Lucía Pinochet, afirmaron que proviene de donaciones, pero el jefe de su equipo jurídico, Pablo Rodríguez, admitió que no tiene claridad sobre el tema, aunque se manifestó convencido de que su defendido no cometió delitos de corrupción.

«Los hechos en este minuto se presentan como lavado de dinero y de dinero ilícito» que podría provenir de actos de corrupción, advirtió en cambio la presidenta del Consejo estatal, Clara Szczaransk «Aquí estamos ante un funcionario público, al que se le conoce sólo como actividad haber sido comandante en jefe del Ejército, jefe supremo del Estado y luego senador, que tiene por lo tanto una renta de funcionario público, que no se condice con el monto de los depósitos», dijo Szczaranski.

Pinochet, agregó, «no pudo haber juntado esos dineros con sus recursos como funcionario público, porque calculamos que si éstos los hubiera dedicado íntegramente a depósito, es decir, no hubiese gastada nada en su subsistencia, no podría haber juntado más de 2,5 millones de dólares». Si el ex dictador de 88 años demuestra que recibió donaciones pri

vadas, se configuraría una «evasión tributaria» porque no declaró esos ingresos en su momento, según la visión del CDE, un organismo estatal que actúa de forma independiente del gobierno.

Pero si el dinero provino de las arcas del Estado, existiría «fraude al Fisco», como lo afirmaron los abogados Hertz e Insunza, al presentar una querella que corre paralela a la denuncia del CDE. Otro grupo de abogados encabezados por Hugo Gutiérrez y Julia Urquieta, pidió por su parte el embargo de los bienes de Pinochet, dentro de los procesos en marcha por los crímenes de la «Caravana de la Muerte» y la «Operación Cóndor».

En el caso de la «Caravana de la Muerte» -una comitiva militar que fusiló sin juicio a decenas de prisioneros en octubre de 1973-, Pinochet fue liberado por la Corte Suprema, en julio de 2002, sobre la base de que una demencia moderada le impide defenderse. Pero en la «Operación Cóndor», la Corte de Apelaciones de Santiago privó de su inmunidad a Pinochet, el pasado 28 de mayo.

Se calienta el debate político

SANTIAGO (AFP) – La Cámara de Diputados de Chile estudiará en la primera semana de agosto próximo el nombramiento de una comisión para investigar las cuentas secretas del ex dictador Augusto Pinochet en Estados Unidos.

La derecha opositora, que apoyó a la dictadura militar, se manifestó de acuerdo con la investigación, pero propuso designar también una comisión que investigue las denuncias de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, lo que fue rechazado por las bancadas oficialistas. La democracia cristiana, que integra la oficialista Concertación Democrática , calificó de «inaceptable» la postura de la derechista Alianza por Chile, que reúne a la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) y al Partido de Renovación Nacional (RN).

Pese a la postergación de la propuesta para investigar las cuentas del general Pinochet en el Riggs Bank de Washington, representantes de la derecha admitieron su incomodidad frente a la denuncia . «Mucha gente que nos jugamos a fondo por la defensa del gobierno militar, civiles y militares que trabajamos abnegadamente por una obra de bien común, dejando incluso intereses personales a un lado, tenemos hoy una sensación de incomodidad, de preocupación y dolor», señaló el diputado Alberto Cardemil, de RN, al diario El Mercurio.