Piquete de ojos

por: FERNANDO BRAVO

rionegro@smandes.com.ar

La política suele ser una actividad de nobles fines que, sin embargo, está atravesada por métodos no tan dignos. Abundan piquetes de ojos y zancadillas, que en nombre de un siempre maleable bien común terminan por dejar lesionados en el camino.

Pero no hay político que no reciba golpes y que no los dé, pues la praxis de la política suele ser más espinosa de lo que sugiere aquella alentadora frase de Churchill, sobre «el arte de lo posible».

En fin. El intendente Carro acaba de acusar los golpes de su aventura por el impuesto Inmobiliario, cuya administración terminará restituyendo esta semana a la provincia.

Es cierto que Carro actuó en 2004 acicateado por una pueblada refractaria a un revalúo fiscal confiscatorio, que hizo hocicar al mismísimo gobernador Sobisch y prometer que transferiría el impuesto al municipio que lo reclamase.

No menos cierto es que dos años después, cuando la comuna debió enfrentar los descuentos por coparticipación derivados de ese mismo traspaso, las asambleas llamadas otra vez a resistir fueron notoriamente escuálidas.

En aquella primera asamblea los vecinos estaban furiosos por el revalúo. Pero luego, el bolsillazo iba en cabeza de la comuna, con quitas de 5.400.000 pesos proyectadas sobre la coparticipación de 2006.

Se trata de una curiosa conducta ciudadana, la de suponer que el dinero que pierde un municipio no lo pierden también los vecinos. En este desapego por el estado como un «otro» ajeno, quizá haya explicación a buena parte de los males del país.

Como fuere, Carro devolverá la administración del impuesto como se lo habían reclamado los concejales, y al cabo deberá esperar que se dicte una nueva Ley de Coparticipación, para concretar su anhelo de hacer política fiscal con un gravamen que, en verdad, siempre fue de origen municipal.

Y he aquí el núcleo del asunto. El error político no fue haber reivindicado la autonomía municipal con el manejo del Inmobiliario, sino suponer que semejante cosa podía hacerse sin esperar primero por un instrumento abarcador: la nueva ley de distribución fiscal provincia-municipios, que se discutirá en breve.

San Martín de los Andes integra el lote de ciudades que más dinero reciben por coparticipación en la provincia, pero a la vez es una de las más perjudicadas por el actual sistema.

La razón estriba tanto en su vertiginoso crecimiento, que no se refleja en la actualización de índices, como en el hecho de que esta es una ciudad turística, que prodiga servicios para una población equivalente a tres veces el número de sus residentes a lo largo de un año. Dato, que la actual ley ignora.

Cuando se plantó la discusión por el Inmobiliario era sabido que la provincia no estaría dispuesta a afectar la masa coparticipable, permitiendo el retiro «gratuito» (no lo era) de los aportes correspondientes al impuesto transferido. Recurrió al piquete de ojos: impuso el artículo séptimo en la ley de traspaso; esperpento deliberadamente impracticable que obligaba a la ciudad a coparticipar lo que no recaudaba, en la hipótesis de que la provincia sí lo hubiera hecho. Esto es, coparticipar sobre el total de lo facturado en lugar de hacerlo sobre lo efectivamente percibido, cosa que jamás hizo el gobierno neuquino con impuesto alguno.

La administración Carro nunca debió haber perdido de vista que la clave era la negociación por la coparticipación y no por un impuesto. Y menos desatender que alguien le haría pagar la cuenta de la «fiesta popular» de 2004.

Lo bueno de la política es que (casi siempre) permite recuperarse de los golpes recibidos.


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