PJ: "Saiz empieza su mandato de la peor manera"

El partido consideró una aberración el contrato y fustigó a Icare: "Hace la vista gorda"



"La impunidad del gobierno provincial no tiene límites. Miguel Saiz inicia su mandato de la peor manera. Aprovechando la absoluta hegemonía que tiene en la Legislatura, imita las prácticas autoritarias de sus predecesores y firma un contrato cuando las normas legales vigentes se lo prohíben".

Con esta dureza se pronunció ayer el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Río Negro en referencia a la readecuación contractual que firmó Saiz con la empresa CAPSA para la concesión de un sector del cerro Catedral y que hoy trata la Legislatura.

El máximo órgano partidario, al rechazar el contrato con una firma en convocatoria de acreedores, expresó que también se opone a la adhesión a la ley nacional que habilitó al Estado nacional a contratar a empresas concursadas, y respalda a los legisladores de su partido y de otros partidos que se opondrán hoy en la Cámara.

Subraya que "la verdadera intención del gobierno provincial es dictar una ley para justificar el contrato con CAPSA. Se trata de un proyecto de ley hecho a medida de una empresa, lo que constituye una aberración desde la perspectiva de que el Estado provincial cuente con un sano régimen de contrataciones que asegure transparencia y eficacia".

También fustiga al intendente de Bariloche, Alberto Icare: "Hace la vista gorda ante esta flagrante violación de las leyes".

No obstante, deja en claro que "El PJ siempre ha acompañado el reclamo barilochense de la potestad municipal sobre las tierras del cerro, pero esto no justifica acompañar una pésima decisión gubernamental de readecuar un contrato violando las leyes vigentes".

Recuerda el PJ que CAPSA no sólo está en convocatoria de acreedores, sino que "sistemáticamente incumplió sus obligaciones de inversión que contrajo en 1992. Es posible que una de las razones del incumplimiento de concesionario haya sido la desidia de los gobiernos anteriores de no traspasar en tiempo y forma a CAPSA la ladera sur, inmediatamente después de la finalización de la concesión de dicha ladera con Robles Catedral. También es posible que CAPSA no realizó todas las inversiones al no contar con la explotación completa del cerro y esto haya afectado sus cálculos económico-financieros. Pero esto no justifica el nivel de incumplimiento".

Considera grave el PJ que el gobierno haya firmado la readecuación contractual sin cambiar previamente el régimen de contrataciones del Estado. Advierte asimismo que más de 400 personas que trabajan en el cerro ven peligrar su fuente laboral al quedar "encerrados en este dramático enredo jurídico". Entiende el partido que "lo que se debería haber hecho fue: la rescisión oportuna del contrato por incumplimientos del concesionario; la administración directa de las laderas sur y norte por parte del Estado, eventualmente contratando el gerenciamiento de una empresa privada especializada; la preservación de todas las fuentes de trabajo, y el traspaso de tierras del cerro a la municipalidad de Bariloche con un período razonable de transición que posibilitara al Estado provincial convocar a una nueva licitación pública internacional que incluyera la obligatoriedad de respetar los derechos laborales de los trabajadores e incorporar a los actualmente en actividad". La posición del PJ fue expresada en un documento que firma su presidente Juan Carlos del Bello y el secretario general, Miguel Ciliberto.

Nota asociada: Debaten hoy el polémico contrato del Catedral  

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