Plan Castello: sobran $ 155 millones de la primera etapa y sumarán obras

Salida política del gobernador Alberto Weretilneck ante el reclamo de los intendentes por las exigencias provinciales para acceder a fondos del Plan Castello. No habrá otros requisitos, salvo el aval de los concejos deliberantes, y la regularización de las obligaciones se reducirá a un acta compromiso de los jefes locales.

Además, el gobierno informó de un excedente de unos 155 millones en la primera etapa, considerando que se recibieron ofertas menores a los presupuestos oficiales. Ese monto -que significa un 10% del total del presupuesto inicial- permitiría incorporar nuevas obras y esa revisión -según la ley- está reservada a la Comisión de Seguimiento, integrada por legisladores.

Ayer, el mandatario flexibilizó las demandas a los intendentes en una reunión con miembros de esa Comisión. El gesto principal fue para los legisladores del FpV, que votaron la ley del Plan Castello y se sintieron afectados cuando el decreto incorporó trabas para la participación a los municipios. Esa asignación supera los 600 millones, aunque la mitad corresponde a transferencias no reintegrables -unos 7,7 millones para cada municipio- y los otros 300 millones son créditos propuestos.

Además, el gobierno resaltó la finalización de la primera etapa licitatoria, que incluye nueve obras, con un presupuesto oficial de 1.500 millones. Aún así, las ofertas presentadas -según la menor- totalizarían casi 155 millones menos. La información oficial consignó $ 154.782.960, entendiendo el gobierno que sería un “ahorro” que “demuestra la transparencia del Estado en la realización de las licitaciones”. Igualmente, se aclara que las propuestas están siendo evaluadas.

Decreto conciliador

Weretilneck recibió ayer en su despacho al presidente del bloque del FpV, Alejandro Marinao y los legisladores Ariel Rivero, Javier Iud, María Maldonado y Graciela Holtz. También participaron el titular de la bancada oficialista, Alejandro Palmieri y Facundo López.

Al retirarse, Rivero resaltó que Weretilneck aportó una “salida política” y los municipios recibirán los fondos, “sin ningún condicionante”. Marinao confirmó que habrá otro decreto, en el cual se licuarán las exigencias planteados en el primero, que establecía cumplimiento pleno de las rendiciones de entregas anteriores.

Luego, la administración provincial reconoció la elaboración de un nuevo decreto para “facilitar el rápido” envío e inversión de los fondos del Plan Castello. Las partes -dice en un comunicado- “coincidieron que la provincia y los intendentes deberán avanzar en la regularización del cumplimiento de compromisos recíprocos” aunque no será “un escollo o generará una tardanza innecesaria” de las transferencias. Así, se ratificó “como únicos requisitos” que los municipios presentes los proyectos de inversión, la ordenanza respectiva y un acto donde consten los compromisos pendientes de cumplimiento de los municipios y la provincia”.

“Los únicos requisitos serán la presentación del proyecto, la ordenanza y un acta en el que consten los compromisos pendientes de cumplimiento”.

Comunicado del gobierno provincial

El monto total

Piden datos sobre el plan de cloacas para Las Grutas

El fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone pidió información a Obras Públicas por “la diferencia” entre el presupuesto oficial y las ofertas en la obra de cloacas para Las Grutas.

En un oficio, Ponzone pidió al ministerio de Carlos Valeri que remita ese expediente, con la “actuación administrativa” de la obra y se informe “técnicamente la diferencia resultante de 40 millones existente entre el monto presupuestado oficial ($230.551.863) con la propuesta de la empresa Eco Sur Bahía SA ($190.901.094). Requiere se precise “agentes y funcionarios asignados a esa labor.

La otra oferente fue la UTE de Zoppi y Cementos del Sur, con $ 300.234.833. El fiscal pidió a ambas empresas que informen como “arribaron al precio de oferta realizado” y, además, remitió oficio a Compras y Suministros para que informe si los participantes “están inscriptos en el listado de proveedores, desde que época, y en qué rubros”.

En su expediente, Ponzone explica su intervención en el marco del artículo 7, inciso a de la ley de la Fiscalía (2394), la cual, permite al organismo a “intervenir directamente de oficio y/o a solicitud del Tribunal de Cuentas en la investigación de conductas administrativas de funcionarios y agentes” de la administración pública. Esta actuación requiere su inmediata comunicación al Tribunal de Cuentas.

es la suma reservada para los municipios. La mitad será un aporte directo y el 50% restante puede ser obtenido mediante préstamos.

$ 600.000.000