Plan desgaste

Las cuentas pendientes del gobierno de Saiz con la Unter y con los municipios tendrán próximamente un rol protagónico.

No exentas de hilos sueltos, habrá razones políticas que las movilizan.

La expresión de los intendentes del Frente para la Victoria es la línea más genuina de la oposición. Pese a sus celos, cada reacción municipal tiene impacto en el oficialismo.

Con los municipios, Saiz repite su estilo: múltiples contactos personales que poco y nada tienen de acción de gobierno conjunto. Lo suyo como el de los hombres de su gabinete es un esfuerzo aislado, con un denominador común: obligada presencia en cada aniversario y apoyo subsidiario a las instituciones. Poco para una acción de gobierno de estatura.

La transferencia a «las organizaciones sin fines de lucro» ya ronda los cuatro millones.

Los intendentes repiten todavía reclamos de hace dos años, como un esquema de pago de las tasas por los edificios provinciales. Recién ahora se avanzó en un índice 0,61% para incorporar a la coparticipación. Para explicar la demora oficial, es real que un tercio de los municipios no justificó sus números. El tema no está resuelto.

Otro histórico reclamo es la transferencia diaria. Por primera vez, el gobierno provincial está dispuesto a conceder ese reclamo, aunque recién se daría el año próximo.

Estos acuerdos quedarán confirmados en un encuentro del gobernador con todos los jefes comunales. Un compromiso que aún no tiene fecha. Cada movimiento de Saiz refleja una oportunidad política. Lo fue el viernes con los intendentes del Frente en Bariloche.

El paradigma de esta relación entre Río Negro y municipios está en el proyecto de la municipalización del Cerro Catedral.

Saiz debe aportar muchas explicaciones cuando aborda este tema. Mañana lo hará seguramente cuando en Bariloche se reúna con los empresarios.

El atraso en la cesión es la mayor debilidad oficial. Fue el gobernador quien desempolvó el proyecto en abril del 2004 y lo presentó en la Legislatura. Eran días plenos de la sociedad del gobernador con el intendente Alberto Icare.

Poco a poco, esta fantasía desapareció y la iniciativa se paralizó. En marzo último, el proyecto cayó en el archivo. Obligado por su promesa, Saiz volvió con el proyecto, aunque lo planteó con dudas y reparos técnicos. Un traspaso gradual es el nuevo objetivo.

En la bancada oficial se sabe que ya no hay margen y la cesión con reformas deberá aprobarse en lo queda del año. Una decisión aún no consolidada en el pensamiento del gobernador.

Los diputados radicales poco tienen de autónomos. Fiel, el bloque cumplirá en septiembre (seguramente, el jueves 7) con otro mandato del gobernador: designará a la legisladora Ana Piccinini como defensora del Pueblo. Saiz no lo reconoce, pero él es el artífice de la operación. Tiene una razón que sólo confiesa en la intimidad: renovar la política, a su manera. Sin muchas opciones, Piccinini aceptará el desafío porque tendrá un espacio propio, dice.

Si no hay sorpresas en el listado final de los 10 seleccionados, el plan se completará con un pilar inesperado: un acuerdo radical-arriaguista. El oficialismo necesita dos tercios de los diputados para ese nombramiento. Encuentro daría los cinco suyos para llegar a los 29 apoyos. Nada es gratuito: en contrapartida, el radicalismo votaría como adjunto a Ignacio Gandolfi, actual asesor del bloque que preside Fabián Gatti.

«Presentamos candidato y hay que acordar para tener mayoría. Es política, no hay concesión», argumentan desde la bancada arriaguista. Una razón combinada con un auténtico respeto por Piccinini, en especial por Gatti.

En el camino quedarán sus socios justicialistas. No tienen candidato a defensor y quienes intuyen del acuerdo ajeno prefieren desdramatizarlo. Impone sostener el proyecto electoral de Pichetto. De otros no. El roquense Carlos Soria aprovechó el escenario municipal de Bariloche para reafirmar su candidatura y criticar la riesgosa autonomía de Arriaga, abordando los costos de esa operación por la Defensoría. Una posición que no tuvo consenso entre los intendentes.

Los argumentos de Encuentro son políticos, pero colisionan con su tradicional prédica sobre el acceso de la oposición a los órganos de control. Es cierto que la oposición no puede por sí sola concretar esa meta, pero ahora el arriaguismo será quien colabore con el gobierno para recuperar la Defensoría y, a cambio, logrará el adjunto. Pragmatismo puro.

El oficialismo habrá logrado otra vez un objetivo político: limar las filas enemigas.

La relación con la Unter evalúa iguales mecanismos.

Existen conclusiones de finanzas y de reformas educativas que pronostican que el gremio ya analizará un escenario más belicoso en el plenario del jueves, que inicialmente convocará al congreso.

Poco logró el mandamás de la Unter, Carlos Tolosa, cuando se reunió con Alejandro Betelú, quien transmitió el pensar del ministro César Barbeito. «No hay paritaria porque todavía no hay propuesta salarial posible», fue el mensaje.

Más que fórmulas salariales, Educación hoy está preocupada sobre cómo presenta sus excesos de gastos ante el gobernador y el ministro Pablo Verani. Ocurre que en octubre dependerá de esas opiniones para obtener más recursos para sus agotadas partidas. Aporta razones de técnica presupuestaria, pero Barbeito además no puede explicar otras subas, como la creciente evolución del gasto en licencias. En los haberes de julio se abonó medio millón más por reemplazos docentes que en los de marzo. Una suba que neutraliza la baja lograda por la reforma parcial de la movilidad, conflictos mediante.

La segunda parte del pago de la movilidad que definirá a qué escuelas asignará ese reconocimiento se aplicará desde el 1º de enero próximo, dirá la reglamentación en redacción.

Por eso, habrá muchos motivos para complicar el próximo cuadro docente. La Unter esgrime con razón un compromiso asumido por Educación para reabrir el debate por la recomposición salarial en el segundo semestre. Un ámbito que le niegan por ahora.

El enfoque del gobierno se desvía hacia las reformas pendientes por los pagos de movilidad, de ubicación y de licencias. Justificada su revisión, estos temas irritarían a cualquier docente.

La pulseada inexorablemente quedará impregnada por los tiempos preelectorales. Frente al escaso poder de maniobra, el oficialismo se excederá en argumentos que expongan intencionalidad electoral a la Unter. Para eso, usará una imprudencia de la conducción gremial: cuando el año pasado asistió a un acto del Frente para la Victoria.

Demasiado pronto para caer en el vicio de los rumores, falacias y certezas de una campaña electoral.

ADRIAN PECOLLO

pecollowa@yahoo.com.ar