Más poder a las provincias

Precios en boca de pozo

El programa del ministerio de Energía que extendió los subsidios a la producción de gas hasta 2021 tiene un punto que amenaza con modificar el paradigma energético heredado por el macrismo: las provincias tendrán injerencia indirecta sobre el precio del hidrocarburo. Incluso el gobernador neuquino Omar Gutiérrez calificó la medida de “histórica” y aseguró que la resolución 46-E/2017 “va más allá” de la Ley Corta, que restituyó la propiedad de los recursos naturales a las provincias.

¿Qué alienta ese entusiasmo? La norma firmada por el ministro Juan José Aranguren establece, a diferencia del anterior Plan Gas, que sólo podrán acceder a los precios diferenciales para el gas nuevos proyectos de inversión. La iniciativa se desprende del esquema anterior que pagaba cada metro cúbico que se levantaba por encima de la curva de producción promedio. El programa aprobado sólo alcanza a proyectos no convencionales de la Cuenca Neuquina y serán los gobiernos provinciales los encargados de aprobar, en primera instancia, las inversiones y, posteriormente, controlar que se cumplan los compromisos.

Es decir que la llave para entrar a una garantía de precios exclusivos la tienen, una vez más, las administraciones locales.

Justamente esa discusión atravesó el debate por la reforma de la Ley de Hidrocarburos en 2014. El capítulo estelar de esa batalla lo escribieron el por entonces CEO de YPF, Miguel Galuccio, y el exgobernador neuquino Jorge Sapag. El clima dominante advertía que para la llegada de los dólares que necesitaba Vaca Muerta era necesario despejar el camino a las operadoras y evitarles la multiplicación de mostradores con los que acordar condiciones.

El mecanismo de la resolución –en forma simplificada– establece que las compañías deberán presentar sus proyectos de inversión a los técnicos provinciales y, recién con el visto bueno local, podrán llegar hasta Buenos Aires para inscribirse en el plan que asegura un sendero de precios por cuatro años.

Según pudo reconstruir “Río Negro Energía” el gobierno neuquino trabaja en los requisitos que exigirá dentro de los planes de inversión. La apuesta de Nación es que los 19 proyectos pilotos no convencionales que tiene Neuquén (aunque la mayoría son de shale oil) pasen a etapa masiva, algo que de concretarse significaría uno de los desembolsos más grandes para la provincia tras el boom de Vaca Muerta.

El plan aprobado es la tercera pata de la mesa de negociación que incluyó una adenda sobre el convenio colectivo de los trabajadores petroleros y un compromiso del gobierno provincial para congelar impuestos y tasas al sector. “La cuarta pata es que las empresas cumplan con los proyectos de inversión que comprometieron durante los meses de negociación”, confió una fuente al tanto de las discusiones.

En este contexto el gobierno provincial calcula que, además del impacto de los dólares que llegarían, se necesitan seguros para la reactivación laboral en los campos petroleros. Este es el costo que lleva en su espalda el titular del sindicato de Petroleros, Guillermo Pereyra, y que pretende saldar en el mediano plazo.

Es por eso que además de la información técnica, estimaciones de producción, caracterización del área y el plan a desarrollar, los técnicos de Hidrocarburos de la provincia podrían exigir un grado mayor de precisión a los proyectos respecto de cantidad de equipos de perforación a utilizar, cantidad de pozos a perforar y tiempo que mantendrán el número de equipos en funcionamiento.

La letra chica

Aranguren bautizó la continuidad del Plan Gas con un título que impermeabiliza segundas interpretaciones: “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de gas Natural proveniente de Resorvorios No Convencionales”. Se trata de un modelo que buscará exportar a las cuencas de Chubut y Santa Cruz, si en esos territorios aceptan las condiciones que ingresaron a la Cuenca Neuquina.

La norma mejora varios aspectos del programa kirchnerista ideado por el exministro de Economía, Axel Kicillof. El primer punto es que el valor garantizado a las petroleras –a través de subsidios del gobierno nacional– será considerado como precio y por tanto reportará regalías directas para la provincia. Nación aportará la diferencia que surja entre el promedio de venta de cada compañía y el valor garantizado para cada año. Esa compensación se girará 88% a la operadora y 12% a la provincia.

Para la administración provincial, que antes debía negociar con cada compañía un porcentaje del valor suplementario, el reconocimiento como precio también impactará en los Ingresos Brutos. Este tributo –y las regalías– tienen coparticipación directa a los municipios, que recibirán una mayor porción con el plan en marcha.

El esquema planteado por el gobierno nacional propone un sendero de precios garantizados decrecientes hasta empalmar con los valores flotantes del mercado en 2022. Hasta entonces ofrece un seguro de precio mínimo para 2018 de u$s 7,5 por millón de BTU. Para 2019 asegura u$s 7, u$s 6,5 en 2020 y u$s 6 en 2021.

Otro de los aspectos relevantes de la resolución es que ofrece un pago provisorio inicial. Se trata de un anticipo del 85% de la compensación calculada en base a las proyecciones de producción informadas por las empresas. Este anticipo cubrirá el mes anterior y posterior a la inclusión de la empresa en el programa. Una vez computados los resultados efectivos del gas inyectado, se ajustarán las previsiones presentadas.

El ministerio de Energía designó como autoridad de aplicación del plan a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos (SRH). Ante esta dependencia llegarán los planes de inversión que aprueben las provincias y a su vez será la encargada de controlar las declaraciones juradas de las operadoras respecto de la producción ingresada al mercado interno.

El organismo podrá dar de baja a las empresas cuando se verifiquen incumplimientos o falsedad de la información presentada.

matías subat

El modelo se aplicará para inversiones no convencionales de la Cuenca Neuquina. Nación busca exportar el plan a otras provincias.

La resolución reedita los debates de la ley de Hidrocarburos donde se discutió el peso de las provincias en una política nacional energética.

Matías subat

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