Pobre balance del defensor del pueblo rionegrino 

Sólo una denuncia penal -ante la Justicia Federal, por las clausuras de emisoras de frecuencia modulada- fue realizada por el organismo provincial en el período que va de noviembre de 1998 al mismo mes de 1999. La revelación la hizo el propio titular, Juan Kugler, al dar detalles de su actividad ante la Legislatura. En total ingresaron a la Defensoría 1.066 denuncias. El funcionario dijo que no es su competencia, mientras que desde la oposición cuestionaron su actuación.

VIEDMA (AV).- La presentación del defensor del pueblo en la Legislatura, realizada ayer, desnudó notorias falencias del organismo provincial: sólo una de las últimas 1.066 denuncias concluyó en la Justicia y sólo el 8 % corresponden a actuaciones de oficio.

Esta conclusión arrojó el informe anual del defensor del pueblo, Juan Kugler, que se extendió por cuatro horas. La primera la ocupó el formal relato de lo hecho entre noviembre de 1998 e igual mes del año pasado.

Después, se derivó en un inusitado interrogatorio opositor. Por ejemplo, la diputada justicialista Eve Adarraga preguntó: "¿cuántas de las 1.066 denuncias derivaron en presentaciones judiciales?". Kugler precisó que sólo una denuncia llegó a la Justicia. Después se sabría que fue la causa iniciada en la Justicia Federal por las clausuras de las FM en Río Negro.

Antes de esa precisión, Kugler se extendió en argumentos para resaltar su actitud conciliadora y convencer por qué no es conveniente avanzar en denuncias judiciales.

Inmediatamente, el presidente del bloque justicialista, Eduardo Rosso reclamó respuestas directas de Kugler ya que se había explayado en su inicial informe. El vicegobernador Bautista Mendioroz avaló esa sugerencia.

La otra consulta de Adarraga enfatizó las falencias de la Defensoría. ¿Cuántas se remitieron a la Fiscalía de Investigaciones y cuántas derivaron en denuncias penales?.

"No hubo denuncias penales", afirmó Kugler y después enumeró cinco elevaciones al fiscal Pedro Funes, centradas en contrataciones en Valcheta de personal por parte de Casa Rionegrina, hasta las denuncias irregularidades de Horacio Massaccesi sobre la concesión del puerto de SAE, pasando además por el otorgamiento de becas.

Crítico análisis de la oposición

Finalizado el interrogatorio de Adarraga, la estrategia del justicialismo se completó con un crítico análisis de Rosso, que podría sintetizarse con estas conclusiones: la Defensoría no pertenece a la Legislatura sino que debe tener autonomía e independencia; denunció falta "actitud transgresora" y exigió "audacia" en la defensa de los derechos del pueblo, "la conciliación y la mediación es un aspecto" pero falta mayor compromiso que argumentó con la única presentación judicial en 1.066 denuncias y la iniciación de un 8 % de actuaciones de oficio.

A su turno, Eduardo Chironi centró lo suyo en cuestiones más particulares. Por ejemplo, la atención al público del Banco Río Negro. En cambio, el legislador del MPP, Guillermo Grosvald aportó fuertes elementos al interrogatorio. Acentuó su énfasis en la escasez de denuncias y centró su evaluación en inexistentes investigaciones de hechos de corrupción.

Kugler se repitió en argumentos: esas acciones no son de su competencia y no existieron formales presentaciones de corrupción.

Recién al final Kugler reconoció su debilidad. Anticipó que la normalidad funcional de la provincia podrá derivar en mayores demandas propias porque hay respuestas gubernamentales que ahora no se dan porque no se puede, concluyó aludiendo a un argumento judicial.

Sólo Fernando Chironi -presidente de la bancada oficialista- defendió a Kugler.

Aludió a la exposición de Oscar de la Canal en la Constituyente para resaltar que el Defensor del Pueblo es un "comisionado de la Legislatura" y destacó que ese pluralismo no sólo garantiza autonomía sino además independencia. También usando dichos de De la Canal, Chironi dijo que el órgano conducido por Kugler está destinado a defender al "particular damnificado" mientras la Fiscalía de Investigación debe fiscalizar a los organismos del Estados. Las razones fueron sólidas, pero no bastaron para neutralizar el pobre balance que dejó el Defensor del Pueblo de lo realizado en ese organismo. 


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