Podestá le reclamó dos millones a Cafiero

Pidió que le gire los fondos de los programas para micro emprendimientos y para saneamiento. Pero no tuvo suerte.

BUENOS AIRES (ABA) – El intendente de Zapala, Raúl Podestá, se fue ayer del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con las manos vacías.

No obstante, como consuelo, el titular de dicha cartera, Juan Pablo Cafiero, le prometió buscar una rápida respuesta al reclamo del municipio sobre los planes sociales retrasados.

En concreto, Podestá demandó los fondos del programa Redes (para microemprendimientos productivos) por 100.000 pesos, así como los correspondientes a seis proyectos del programa Propasa (saneamientos de agua y conexión de gas natural) que suman alrededor de 2 millones de pesos.

Cafiero escuchó en su despacho a Podestá por más de una hora, tomó nota de lo peticionado y le pidió 24 horas para mantener un nuevo encuentro y arrimar posiciones.

Consultado por «Río Negro» tras la reunión, Podestá con realismo lanzó una frase cada vez más escuchada en los pasillos de los despachos gubernamentales: «Está todo muy difícil, no hay recursos, y como se sabe el crédito externo e interno está cortado», expresó el jefe comunal.

Este último consideró que la dramática situación que llevó a los piquetes de principios de éste mes está sólo de un modo relativo superada.

«Hay que seguir trabajando para prevenir los coletazos», reflexionó Podestá, quién realizará gestiones en busca de más asistencia tanto con el Jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, como con el Secretario de Empleo y Pymes, Enrique Martínez.

El intendente de Zapala estuvo acompañado ayer por el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, Jorge Lara.

Ambos coincidieron en remarcar la importancia de presentarse ante el gobierno nacional en nombre de la provincia, más allá de banderías políticas.

El funcionario del MPN también rescató el acuerdo alcanzado en su momento con la multisectorial (que garantizó 2.700.000 pesos anuales para emprendimientos productivos).

Lara aseguró que la administración provincial cuenta con los recursos suficientes para atender a las emergencias sociales.


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