Polémica en la Alianza por los decretos

La Alianza asumió un alto costo el lunes. Luego de los anuncios sobrevino una fuerte autocrítica en sus filas.

Desde entonces, el malestar quedó flotando. Y los cortocircuitos entre altos funcionarios se multiplicaron por varios motivos, pero sobre todo se evidenciaron en los siguientes: que los recortes previstos para el Congreso estaban viciados en cuanto a su legitimidad jurídica y que contaban con escasa plataforma política dentro de los cuadros de la Alianza.

Por esta razón, el vicepresidente Alvarez tuvo que acudir a calmar los ánimos de los senadores oficialistas, con quienes estuvo reunido cuatro horas en la Casa de Gobierno, en medio de una abundante batería de cuestionamientos por la falta de consulta a los legisladores.

«Yo quedé más afectado por las medidas que muchos radicales, porque yo pude haberme escondido y no lo hice, estuve al lado del Presidente y di la cara, y no todos lo hicieron», azuzó Alvarez para bajar el tono de queja.

Los efectos de la discusión jurídica y política quedaron en evidencia ayer, cuando Alvarez, cual bombero, volvió a atemperar algunos frentes. Ayer el gobierno marcó una suerte de retroceso en algunas decisiones tomadas.

Por un lado, se dio marcha a tras en la decisión de cerrar la imprenta del Parlamento, y por otro, por el laberinto en el que quedó sumergido el decreto de necesidad y urgencia que dispone la rebaja de los sueldos del personal legislativo y excluye implícitamente a los legisladores.

«De una manera u otra el ajuste se va a producir. Pero ahora estamos entre la espada y la pared porque los artículos que hablan sobre el Legislativo están mal hechos y debemos resolver jurídicamente el tema», admitió un miembro de la cámara alta.

El problema principal surge a partir de la autonomía que tiene el Congreso en las decisiones que atañen al cuerpo, la que se vio afectada por los decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo.

«Debería haberse invitado a ambas cámaras a sumarse a los recortes», explicó un aliancista, que se mostró sorprendido por los defectos en los decretos elaborados por el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Héctor Rodríguez.

Advertido de este problema, el presidente de la Cámara de Diputados, Pascual, aceptó negociar con la Asociación de Personal Parlamentario para evitar el cierre de la imprenta a cambio de la promesa de que 1.500 de los 14.000 registrados en la planta del Congreso se presentarán a un régimen de retiro voluntario y reducir la planta de trabajadores de más de 900 a cerca de 300.

Los senadores de la UCR, en este sentido, firmaron ayer un proyecto de resolución para que se los incluyera dentro de los recortes, como una manera de recomponer las deficiencias jurídicas de los decretos.

Pero ahora son los justicialistas los que muestran las lanzas. No aceptan licuar las deficiencias de los decretos, proponen excluir al Legislativo del recorte y hacerle pagar todo el costo político a la Alianza. (DyN)