Polémica por denuncia judicial de Clarín

La presentación judicial que realizó el jueves el Grupo Clarín contra el gobierno por acusar a la empresa de armar protestas e intentos golpistas -y que incluía la mención de un grupo de periodistas-, originó ayer una intensa polémica.

Los abogados de Clarín afirmaron ayer que la denuncia es contra funcionarios del gobierno y que los trabajadores de prensa “no están acusados ni imputados de delito alguno”. Lo hicieron tras cuestionamientos del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y medios oficialistas.

Como se informó, el Grupo Clarín presentó una denuncia penal por “incitación a la violencia y coacción agravada” contra funcionarios nacionales. Fue luego de dichos públicos de funcionarios que señalaron que el diario “atenta contra la democracia” y está “detrás” de supuestos boicots contra Cristina. La acción penal hizo referencia al supuesto delito de “incitación a la violencia colectiva” por parte de funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.

La presentación de Clarín intenta establecer una idea que resulta “disparatada y de mala fe”, destinada “a convencer a una cantidad indeterminada de personas que los medios no oficialistas resultamos golpistas y, por lo tanto, mereceríamos algún tipo de reacción -de hecho o de derecho- por parte de la ciudadanía o de la Administración”.

Ayer, los abogados de Clarín, Hugo Worthman Jofré y Alejandro Pérez Chada, dieron a conocer dos comunicados en los que ratificaron que la solicitud para que se investigue si hubo “incitación a la violencia” y “coacción agravada” por parte de funcionarios no incluye a los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente y que “estos sólo serán testigos”.

Al respecto, precisaron en el segundo de ellos que hoy presentarán un escrito en el Juzgado, “donde reiterarán que la denuncia no es contra periodistas y ratificarán que los mismos no están acusados ni imputados de delito alguno por el Grupo Clarín”. También dijeron que señalarán que “la mención de los mismos fue al sólo efecto de que, eventualmente, puedan ser convocados en calidad de testigos, en caso de que la Justicia así lo considere. (…) No es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas, sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia”, dijeron los profesionales.

Ayer Fopea, que abarca a profesionales de los medios, le pidió al Grupo Clarín que “retire” la denuncia “contra los periodistas” y le solicitó a la Justicia que, si ello no ocurre, “rechace” la demanda. Consideró Fopea que la denuncia es una “clara afrenta” a la libertad de expresión y “resulta contradictorio que una empresa para cuya tarea “es imprescindible el ejercicio de la libertad de expresión, recurra a presentaciones penales contra periodistas”. Se solidarizó con los mencionados en la denuncia.

Por su parte, el titular del CELS, Horacio Verbitsky opinó que “los periodistas han sido acusados al mismo nivel que los funcionarios del Ejecutivo como propaladores del mensaje oficial. Vamos a hacer todo lo necesario para que no se pueda cometer esta intimidación”.

Los abogados de Clarín sostuvieron que la presentación judicial que tramita el juez federal Luis Rodríguez fue realizada “en salvaguarda de la seguridad e integridad de periodistas, directivos y familiares, tanto del Grupo como de otros medios, que resultan fustigados por la acción y las manifestaciones del Gobierno y sus funcionarios”.

En declaraciones radiales, Worthman dijo que “si los periodistas manifestaran públicamente que son simples opiniones de ellos y no tienen ninguna información que detrás de la Gendarmería está el Grupo Clarín, automáticamente desistimos de ese pedido como testigos. Si dicen eso se acabó la historia”, precisó. “Pero si señalan que tenían información, sin revelar las fuentes deben ir a decirlo a la Justicia, porque hay directivos que están corriendo riesgos ya que en la casa de algunos de ellos hubo pintadas diciendo ‘Clarín con la democracia no se jode’ y lo que queremos evitar son situaciones de violencia”, añadió.

Clarín denuncia “incitación a la violencia”.