Polémica por los ascensos a 181 militares

Varios están sospechados por su accionar en la dictadura y otros por “carapintadas”.



El Senado se disponía a evitar anoche un pronunciamiento sobre los polémicos ascensos pedidos por el Poder Ejecutivo para 181 militares, luego de sostener un agitado y extenso debate sobre una carta que la viceministro del Interior, Nilda Garré, remitió a los miembros de la Comisión de Acuerdos.

En la lista de militares hay varios sospechados por haber actuado durante la represión en la última dictadura y otros que participaron en los alzamientos carapintadas.

Garré remitió por segunda vez una nota que fue descalificada “por impertinente” por los senadores de la UCR, en la que pedía a la Comisión de Acuerdos que se abstenga de promocionar a grados superiores a los militares que participaron de alzamientos contra el sistema democrático.

La nota de Garré, que resultó descalificada por integrantes de todas las bancadas, fue la excusa elegida por la bancada del PJ para reclamarle al Poder Ejecutivo “que ratifique cuál es su verdadera posición” respecto de los pliegos remitidos por el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, altas fuentes de la Alianza evaluaban anoche que el trasfondo de la decisión del PJ estaba en directa relación con la molestia de esa bancada ante la negativa del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, a comprometerse a no vetar artículos claves para las provincias del Presupuesto 2001.

La carta de Garré fue interpretada como “una intromisión” de la funcionaria sobre las facultades que le asisten al Senado para resolver sobre las promociones a grados superiores de los uniformados de todas las fuerzas. Con duros términos, el presidente del bloque de senadores radicales, Jorge Agundez consideró que si a la secretaria de Interior “no le gusta el Gobierno, que se vaya”. “Estamos tanto o más molestos que el bloque del PJ”. Y señaló que Garré “pretendió influir” en la decisión del Senado.

En la carta, Garré pidió a los senadores que “denieguen las promociones propuestas” para los militares cuestionados por “violar los derechos humanos o atentar contra las instituciones democráticas”.

“Como ciudadana deseo reiterar la posición que siempre mantuve a lo largo de todos estos años: Que más allá de los pretextos legales con los que intentan disiparse las acusaciones que recaen en miembros de las fuerzas armadas cuenta la implícita carencia de valores democráticos que no deben llevar a premiar esos comportamientos”, manifestó.


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