Polémica y descargos en el juicio por el caso Alveal

NEUQUÉN (AN)- Con cruces entre la querella y la defensa, más el descargo de dos de los comisarios acusados. Así comenzó ayer el juicio por la detención y falta de asistencia médica al obrero ceramista Pedro Alveal, a quien escopetazos policiales le provocaron la pérdida del ojo izquierdo. Al comienzo de la audiencia los abogados de Alveal, Ivana Dal Bianco y Mariano Pedrero, intentaron presentar el caso con un video pero el defensor de los comisarios Diógenes Martín y Luis Laureano Díaz, Gustavo Lucero, se opuso. La jueza correccional María Gagliano le dio la razón al letrado de la Jefatura. “Nos impidieron encuadrar los hechos que hoy se juzgan en el marco represivo general en que ocurrieron. Fue una arbitraria limitación”, dijo Dal Bianco al término de la audiencia. “Intentaron introducir cuestiones políticas, no jurídicas, por eso me opuse”, explicó Lucero. La abogada del Ceprodh también cuestión que “la intención del tribunal es hacer un juicio oral pero no público: apenas 8 personas, de los muchos de militantes de derechos humanos, antirrepresivos, partidos políticos y organizaciones de trabajadores, fueron autorizadas a presenciar el debate”. Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2003. Durante la represión el obrero recibió 64 perdigones de balas de goma en el cuerpo, y estuvo detenido en las comisarías 18 y Primera. Martín, jefe en ese entonces de la comisaría Primera, declaró que Alveal no quiso ser trasladado al hospital. “La lesión en el ojo fue considerada leve porque era una lesión grave oculta. Recién cuando lo revisó un oftalmólogo en el hospital se descubrió su gravedad”, afirmó el defensor Lucero. Añadió que la víctima fue trasladada de la comisaría 18 (cuyo jefe era el imputado Díaz) a la Primera por orden del entonces subjefe Julio Trepat. Para Dal Bianco, los comisarios “juraron al Gran Bonete” ya que “se desligaron de toda responsabilidad descargándola en sus jefes”. Agregó que “el final de la declaración de Martín arrancó algún murmullo de indignación en la sala” porque dijo: “yo no le saqué el ojo a nadie. Hasta me acusaron de ‘blandito’ y de ser ‘de los DDHH’”. La fiscal del caso, Sandra González Taboada, acusa a los siete policías de haber trasladado, recibido, ingresado y alojado en las comisarías a Alveal en “situación mortificante”, sin disponer que recibiera la atención médica necesaria, y calificó los hechos como constitutivos del delito de “severidades ilegales”. En cambio los querellantes lo encuadran como privación ilegal de la libertad, torturas y abandono de persona.