Polemizan por el rol de la querella en el nuevo Código

Archivo

Dal Bianco: “perjudican a las organizaciones de derechos humanos”.

NEUQUÉN (AN)- El rol de la querella en el nuevo Código Procesal Penal ya genera polémica. Ivana Dal Bianco, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, alertó respecto de que “cuando el querellante no se pone de acuerdo con el fiscal en la acusación, la decisión la toma un juez. La pregunta es cómo se puede hacer un acuerdo con el Estado (representado por la fiscalía) en los casos de violación de derechos humanos, en los cuales el acusado es el Estado”. Por su parte Federico Egea, abogado de Zainuco, afirmó que “al Estado no le interesan las violaciones de los derechos humanos en las cárceles, y cuando investiga lo hace mal”.

Por su parte el fiscal general, José Gerez, admitió que el Estado tiene problemas para investigarse a sí mismo, y destacó que “el querellante no está excluido, está limitado” y “en los delitos de corrupción cumple un rol fundamental” (ver aparte).

El nuevo Código Procesal señala que el imputado tiene derecho a una acusación única, y que en caso de discrepancia entre la fiscalía y la querella hay que hacer una audiencia ante un juez, que establecerá cuál acusación prevalece.

“Esto es algo que perjudica a las organizaciones que nos constituimos como querellantes en casos de gatillo fácil, de torturas, contra la policía, contra el Estado”, dijo Dal Bianco. “La experiencia que tenemos en este tipo de casos es que los fiscales no acusan, o acusan con calificaciones legales mucho menores que las que utilizan cuando acusan a los pibes pobres”.

Egea, por su parte, dijo que “el Ministerio Público Fiscal (MPF) queda como titular exclusivo de la acción penal. Es técnicamente correcto, pero en la práctica es darle a un MPF cooptado por el poder político, que no investiga la corrupción desde hace 10 años, que diga cuándo el Estado va a perseguir un delito y cuando no lo va a hacer”.

Añadió que “en la cárcel se cometen apremios casi a diario, y no están las condenas. En diez años hay 4 condenados”.

La Asociación Zainuco, que defiende los derechos de las personas privadas de su libertad, “fue aceptada dos veces como querellante con el antiguo Código, que tenía una figura más amplia. Ahora la norma establece que pueden ser querellantes la víctima o sus familiares, y nadie más”.

En el caso de los presos que sufren apremios, “no se pueden constituir en querellantes en contra del policía que los está custodiando todos los días. Por eso recurren a nosotros”.