Policía afirma que no le pagan por custodia a empresa

ROCA (AR)- Un sargento del grupo especial BORA denunció a toda la cúpula de la Unidad Regional II, al sentirse afectado porque debía prestar servicios de vigilancia en una empresa distribuidora de bebidas, los que nunca le fueron abonados. El suboficial también expresó que en esa sede policial el empresario en cuestión efectuaba mensualmente pagos que llegaban a los 6.000 pesos. La denuncia fue desestimada de plano tanto por el jefe de la unidad policial Felipe Azanza como por el propietario de la firma, Carlos Pablo. El uniformado relató hace una semana ante la fiscal Ana Benito que en junio de este año le tocó realizar tareas adicionales en uno de los camiones que habitualmente la empresa Soda Pablo utiliza para la distribución de bebidas. Indicó que salió a las 8 de Roca y luego se trasladó hasta Fernández Oro, Puente 83, la ex Isla 10 y luego regresó a la ciudad. Pero al descender del vehículo el empleado de la firma le dio un recibo para firmar “por el sandwich que te comiste”, le dijo. El policía reconoció que se sintió “denigrado” y que firmó el documento pero le puso la leyenda “pagá los adicionales”. En otro tramo de su exposición relató que uno de los empleados también le aseguró que Pablo abonaba todos los meses cerca de 6.000 pesos. Es por eso que reclamó que se investigue a los jefes policiales por fraude a la administración pública, indicando además que se está evadiendo al fisco el pago del 12,5% que es destinado al reequipamiento policial. Niegan ilícito El jefe de la Regional, comisario inspector Felipe Azanza, negó cualquier ilícito y aclaró que ninguna empresa paga adicionales en las oficinas de esa unidad, ya que quienes utilizan el servicio lo hacen directamente en el banco. Explicó que ellos recibieron una orden judicial por la cual están obligados a prestar el servicio de vigilancia en la empresa. Y que es la única que cuenta con este tipo de beneficios. El propio Carlos Pablo negó cualquier duda. Sostuvo que hace algunos años efectuó un pedido concreto al ex ministro de Gobierno Iván Lázzeri y al actual gobernador Miguel Saiz, ante la gran cantidad de asaltos que había sufrido. Les aseguró que si tenía que contratar un servicio privado de vigilancia debía descontarlo de los Ingresos Brutos que mensualmente paga su empresa. “Es imposible trabajar de otra manera. Ya sufrimos 80 robos”, relató. Aclaró que de no contar con este tipo de servicio al menos ocho familias perderían su sustento.