Policía rionegrino retirado, en problemas

NEUQUEN (ACE).- La situación de un policía rionegrino retirado cambió de la noche a la mañana, luego de que fuera a declarar como testigo al Juzgado Federal de esta ciudad por uno de los casos de violación de los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura militar, y terminó siendo indagado. De todos modos, no resultó imputado ni quedó detenido.

El procedimiento judicial se llevó a cabo en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Labate, y se citó al policía retirado como testigo del secuestro de una víctima que residía en Cinco Saltos en 1976.

Sin embargo, el mismo efectivo había sido sindicado por la fiscalía federal como imputado debido a que habría integrado la comisión policial que trasladó a otra víctima de la represión desde Cinco Saltos hasta la U9. De allí habrían sido trasladados luego a centros clandestinos.

«No hubo mérito para la imputación por el momento», se informó desde el juzgado federal sobre el policía retirado. Debido a la delicada situación que se generó, no se produjo la testimonial para la que fue convocado.

Según se explicó, el apellido que figuraba en el requerimiento fiscal no coincidía totalmente con el del testigo citado, y a partir de allí hubo un cruce de información y de aclaraciones que terminó en la indagatoria.

Hace dos semanas que desfilan en el juzgado de Labate una gran cantidad de ex oficiales, suboficiales y testigos.

Según se informó desde el juzgado, la comparecencia de militares retirados de bajo rango en ese momento resultaron «de vital relevancia para la investigación», aunque no se detalló qué tipo de pruebas habrían aportado.

Se conoció también que en esta semana habría definiciones respecto a las siete últimas detenciones ordenadas por el juez: La del médico con rango militar Hilarión de la Pas Sosa, la del jefe de inteligencia que tenía a su cargo La Escuelita, Gómez Arena, y de los otros seis integrantes del destacamento de inteligencia que en 1976 que se presume que eran los que operaban en el centro clandestino de detención «La Escuelita». Paralelamente a la definición de Labate, trascendió que la Cámara Federal de Roca definiría en breve si hace lugar o no a la apelación que hicieron los militares procesados por crímenes de lesa humanidad: Enrique Olea, Oscar Reinhold y Farías Barrera.