Un llamado reavivó la investigación por el asesinato del policía Aigo

Un llamado anónimo desde la localidad de Río Grande, de Tierra del Fuego, a la linea 134 que pertenece al ministerio de Seguridad de la Nación encendió alertas en la Justicia neuquina y motivó un gran operativo coordinado con la Policía provincial y Gendarmería nacional en la lejana provincia.

Se trata del teléfono del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenadas por la Justicia, donde un desconocido aportó datos sobre el posible paradero del Alexis Cortés Torres, uno de los presuntos asesinos del policía neuquino José Aigo. Si bien el dato no fue certero y se identificó a una persona de similares características al prófugo, las autoridades destacaron el funcionamiento de las lineas de denuncia anónima y la rápida respuesta del ejecutivo nacional para remitir la información a la fiscalía de Neuquén.

Las novedades del caso llegaron el jueves pasado cuando una comisión del ministerio Público Fiscal, encabezada por fiscal general José Gerez, viajó hacia el sur del país con información del ministro de Seguridad de la Nación, donde se daba cuenta del posible paradero de Cortés Torres. Fueron dos los llamados con información que se recepcionaron el miércoles, por parte de un ciudadano que brindó detalles del domicilio del hombre.

Se implementó un exhaustivo trabajo de seguimiento del posible sospechoso, se vigilaron sus movimientos y los lugares que frecuentaba. El fiscal general precisó que “el parecido era extraordinario, misma contextura física y rasgos. Se implementó un operativo de identificación y finalmente se corroboró que no era la persona que estábamos buscando”, indicó.

A la par, una delegación chilena realizó un operativo similar del otro lado de la cordillera ante un informe similar, pero los resultados también fueron infructuosos. El fiscal explicó que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), al igual que lo hizo la fiscalía en Neuquén -ver aparte-, articuló un grupo de investigaciones específico para dar con Cortez Torres y también con Jorge Salazar Oporto, a quienes vinculan con organizaciones políticas paramilitares.

Actualmente sobre los dos sospechosos del crimen de Aigo recaen las recompensas más elevadas del país. El monto para quien ofrezca información que permita su captura asciende a 1.500.000 de pesos cada uno, es decir 3.000.000 millones en total. Los fondos fueron asignado mediante resolución ministerial de la titular de la cartera nacional de Seguridad, Patricia Bullrich.

Esta recompensa, se suma a la que tiene vigente también el gobierno de la provincia de Neuquén que equivale a 850.000 pesos por cada uno, es decir 1.700.000 de pesos, que junto a los aportes de Nación totalizan 4.700.000 de pesos.

La más alta del país

El caso

El sargento ayudante José Aigo integraba una brigada rural de la Policía de Neuquén y fue asesinado a balazos en la madrugada del 7 de marzo de 2012, en un control vehicular cerca de Junín de Andes. Los acusados son chilenos, con pedido de captura de Interpol.