Aníbal Fernández dio por terminada la usurpación en Villa Mascardi

Así lo informó el ministro de Seguridad de la Nación. "No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”, aseguró. Solo se informó que detuvieron a 7 mujeres. No hay datos sobre hombres arrestados en la zona del conflicto.





El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, informó hace minutos que las usurpaciones en Villa Mascardi estaban terminadas, a partir del operativo conjunto que ejecutó la Policía Federal Argentina en la zona de conflicto por orden de la jueza federal Silvina Domínguez.

“En el día de la fecha (por este martes) se procedió a dar por terminada la usurpación conocida como Villa Mascardi. Con orden judicial en mano, ingresó la Policía Federal Argentina, con el cometido de cumplir manda judicial. El ingreso se hizo sin armas letales”, comunicó Fernández por Twitter.

“No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”, aseguró el ministro. “Las siete mujeres detenidas, se encuentran en perfecto estado de salud, en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyendo a la señora que cursa un embarazo avanzado”, aseveró el ministro.

Comunicó que los cinco niños “se encuentran en la misma dependencia, interviniendo minoridad de la provincia de Río Negro, Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia SENAF”.

Sostuvo que la jueza que entiende en la causa y la fiscal federal interina de Bariloche, “María Cándida Echepare han constatado lo manifestado y han recorrido el campo en cuestión, en el helicóptero de la Policía Federal Argentina, reconociendo el terreno”.


Un operativo relámpago


El procedimiento comenzó este martes con las primeras luces del alba. Alrededor de 250 efectivos de varias fuerzas federales se apostaron en Villa Mascardi para cumplir la orden de la jueza que subroga el juzgado federal de Bariloche.

Domínguez ordenó allanar todos los lotes usurpados por personas que se identifican como miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, con el principal objeto de hacer cesar el delito que se viene cometiendo”, según la resolución de la jueza federal a la que accedió RÍO NEGRO.

La orden de la jueza también era detener a todas las personas que se encontraran en los lotes usurpados. Hasta el momento, no se informó ni desde el Ministerio de Seguridad de Nación ni desde el juzgado federal de Bariloche si hay hombres detenidos.

Fuentes de la Policía Federal confirmaron que en los predios usurpados no quedan personas y que se está procediendo al secuestro de todos los elementos que había en el lugar.

El conflicto por las usurpaciones en Villa Mascardi comenzó el 10 de noviembre de 2017, según consta en la causa principal, cuando un grupo de personas que se identificaron como integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu tomaron un predio del Parque Nacional Nahuel Huapi. Argumentaron que se trataba de una recuperación de lo que entendían era territorio mapuche.

Mujeres de la lof mapuche Lafken Winkul Mapu fueron detenidas. Foto: Chino Leiva

Un antecedente que derivó en el caso Rafael Nahuel


El 23 de noviembre de 2017, el juez federal Gustavo Villanueva ordenó el desalojo del predio y lo ejecutaron fuerzas federales. En esa ocasión también detuvieron a un grupo de mujeres que estaban con niños.

Dos días después, una patrulla de Albatros de Prefectura que custodiaba el predio recuperado se encontró en la montaña con jóvenes mapuches que habían huido durante el desalojo. Según la teoría de la fiscalía federal de Bariloche y que dio por válida el exjuez federal Leonidas Moldes, hubo un enfrentamiento. Los albatros fueron atacados y algunos respondieron la agresión con las armas de fuego que portaban. En esas circunstancias, ocurrió el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, que tenía 22 años, y recibió un proyectil calibre 9 milímetros por la espalda.

Tras el homicidio de Nahuel, las usurpaciones se expandieron hacia lotes contiguos y los integrantes de esa comunidad mapuche se instalaron en esos predios.

Los cinco albatros están imputados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, pero cometido con exceso en la legítima defensa. Uno de ellos como autor y los cuatro restantes como partícipes necesarios. La causa ya fue elevada a juicio oral y público y solo falta que la justicia federal defina la fecha y el lugar.

Pasaron casi 5 años para que los predios fueran desalojados por orden judicial y ejecutados por fuerzas federales a las órdenes del gobierno nacional.


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