El Superior Tribunal de Justicia rechazó el pedido de Cambia Río Negro para conseguir su bloque legislativo

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El Superior Tribunal de Justicia rechazó el pedido de cinco legisladores, alineados con el diputado nacional Aníbal Tortoriello, que pretendían esa intervención judicial para que la Legislatura reconozca plenamente el funcionamiento del bloque Cambia Río Negro.

Esa bancada, que integran actualmente Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti, figura institucionalmente como en «suspenso», a partir de que tiene una resolución de reconocimiento, firmada por el vicegobernador Pedro Pesatti, pero que no tiene el aval de la mayoría de Labor Parlamentaria, empezando por la bancada de Juntos y acompañada por la UCR, el ARI, el PRO y Primero Río Negro.

El reconocimiento inicial permitió su armado administrativo, pero, en cambio, no dispone del estatus parlamentario correspondiente, es decir, no tiene espacio de bloque en las comisiones o en Labor.

Frente a esta situación, los legisladores presentaron un mandamus al STJ, que desestimó con la postura de que la discusión debe agotarse en el ámbito de la propia Legislatura.

En su sentencia, el tribunal retomó y coincidió con el dictamen del Procurador Jorge Crespo de que la controversia planteada debe resolverse en la instancia parlamentaria.

Recuerda que la resolución del presidente, del 30 de diciembre de 2025, «autorizó el funcionamiento del Bloque Cambia Río Negro», integrado entonces por Mc Kidd e Ibarrolaza», y también alude a la «decisión posterior del Vicegobernador y los integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria de suspender el reconocimiento de los bloques».

Esa situación, según el STJ, «introduce una controversia sobre las atribuciones de los órganos intervinientes y los efectos de ambos actos», que requiere «un examen que excede el marco del mandamiento de ejecución».

El tribunal entiende que no se «acredita un rehusamiento expreso a cumplir un deber concreto e inequívocamente exigible», ni tampoco «una restricción manifiesta o una actuación palmariamente arbitraria o ilegal del Poder Legislativo Provincial».

Agregó que se trata de una «divergencia de criterios sobre el funcionamiento de la Cámara» y, para eso, existe «una vía idónea en la instancia parlamentaria», citando el dictamen del Procurador, Jorge Crespo. Redunda que es la Legislatura a quien «corresponde agotar la discusión y, eventualmente, promover la reforma del Reglamento Interno si se estima necesario y pertinente».