Ley sobre lavado de activos: el Senado firmó el dictamen y ya hay fecha para el debate
La iniciativa había sido aprobada por Diputados el año pasado, pero su trámite en la Cámara alta estaba frenado. El oficialismo espera sancionarla antes de fin de mes.
El oficialismo espera aprobar la iniciativa este mes. Foto: Gentileza Infobae.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado firmaron este miércoles el dictamen de la ley que impacta en la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Fuentes del oficialismo en la Cámara alta adelantaron a Infobae que el objetivo es sancionar la iniciativa en los próximos días, razón por la que se especula que el Ejecutivo prorrogará las sesiones extraordinarias, vigentes hasta el 15 de este mes.
En el avance del texto intervino el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien asistió de manera personal de hablar con senadores que tenían observaciones a ley.
De no mediar inconvenientes políticos, como sucedió en Diputados con la Ley Ómnibus, el objetivo del Gobierno de Milei es ir al recinto el próximo 23, para realizar ese mismo día la sesión preparatoria establecida por reglamento.
Una ley pendiente desde abril de 2023
El proyecto que el oficialismo espera sancionar antes de fin de mes fue aprobado por la Cámara baja en abril de 2023 y formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
También incluye sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que a fin del corriente mes estará en el país para una nueva evaluación.
Pese a su media sanción, en el Senado la iniciativa no tuvo avances y recién fue incorporada por la gestión libertaria en la prórroga de las sesiones extraordinarias.
La ley tiene un eje principal que fue motivo de observaciones por quienes formaban parte de las bancadas de Juntos por el Cambio y del interbloque federal hasta diciembre pasado: la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera, con injerencia clave del Ministerio de Economía.
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