“Políticas públicas de seguridad o políticas policiales”



Nuevamente el tema inseguridad asciende al primer puesto en las encuestas. Diversos hechos delictivos, como así casos de corrupción en las fuerzas policiales, han ocupado grandes espacios en los medios de comunicación, impactando y preocupando con razón a toda la comunidad.

La provincia de Neuquén no es ajena a esta problemática, entendiendo que en la urgencia del día a día o corto plazo la sociedad reclama soluciones inmediatas; tampoco es menos cierto que la responsabilidad del Estado implica fijar acciones de mediano y largo plazo para no continuar repitiendo estos episodios de inseguridad en el futuro.

En este sentido, me permito reflexionar sobre una serie de opiniones y/o consideraciones, sabiendo que estas pueden ser discutibles, pero mi objetivo es simplemente concientizar sobre la importancia y necesidad imperiosa de abrir un debate profundo sobre cómo cimentar políticas de seguridad pública.

Queda claro que las instituciones policiales no son las que deben fijar las políticas públicas en seguridad, error muy común en los poderes decisorios políticos de las últimas décadas, tanto a nivel nacional como provincial. Hoy Neuquén tiene la oportunidad histórica a nivel legislativo de desarrollar una ley de seguridad pública ciudadana, a raíz de contar con un recinto plural conformado por diferentes partidos políticos, pudiendo discutir, consensuar y plasmar en una ley aquellos principios que fijen un nuevo rumbo en “seguridad”.

El marco político ideológico-estructural que estará en discusión deberá, a modo de ejemplo, establecer entre otros aspectos cómo debe ser la integración y estructura de una cartera política específica, debe presentar un plan de seguridad, la forma en que se prevé la participación ciudadana, tendrá funciones de control, resolver qué injerencia deben tener los municipios, si se conforma un nuevo sistema de ejecución penal o sigue la Policía con la custodia de los detenidos y si debe o no haber control parlamentario.

En lo referente al sistema policial: cuáles serán las condiciones de ingreso y el perfil, si la formación y capacitación del personal policial debe o no estar “dentro” de la institución, si el control disciplinario debe o no estar dentro de la fuerza, debe existir la figura de un defensor del personal policial, determinar cuál es el régimen horario adecuado para la función policial, si puede o debe el efectivo policial portar otros elementos técnicos que le permitan gradualidad del “uso de la fuerza pública”.

Seguramente estos y muchos otros aspectos serán parte integrante de este nuevo plexo normativo, pero lo más importante y trascendente es que, a partir de allí, el poder político de turno deberá confirmar y/o asignar las personas que deban producir e instrumentar esta política pública, partiendo de dos premisas básicas: la primera, que el Poder Ejecutivo a través de la cartera del área es el responsable primario de implementar las políticas sobre seguridad, como así controlar que éstas se cumplan; y en segundo término, que la conducción policial debe concentrarse en el proceso del mejoramiento funcional y técnico-operativo de la institución, en el marco de lo establecido en la ley Orgánica de la fuerza.

Si la dirigencia política nacional y provincial no concibe la necesidad de instalar este “debate” político social, difícilmente encontraremos un camino que nos lleve en el mediano plazo a mejorar la situación de inseguridad que hoy embarga a toda nuestra comunidad y, lo que aún es más grave, el futuro de nuestras próximas generaciones seguirá inmerso en un problema sin visos de solución, y tristemente continuaremos repitiendo los ciclos de alta inseguridad y violencia.

Horacio Rubén Jankowski

DNI 11.233.977

Comisario general (R)

Horacio Rubén Jankowski

DNI 11.233.977

Comisario general (R)


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