Por cada día en el exilio, 75 pesos

inducidas a destinar grandes sumas de dinero a gastos de comercialización y a no aplicar la mejor política de inversiones para los ahorros previsionales». (DyN)

La Cámara de Diputados se apresta a debatir en los próximos días un proyecto de ley, ya aprobado por el Senado, que ordena indemnizar a los exiliados políticos durante la dictadura de 1976 a 1983 con 75 dólares por cada día que hayan estado fuera del país.

El tratamiento del tema no será un mero trámite.

La iniciativa cuenta con el beneplácito de los legisladores de la minoritaria izquierda y de amplios sectores del ecléctico justicialismo en el gobierno o de la oposición socialdemócrata y de centro, donde predominan posiciones de defensa de los derechos humanos, pero es cuestionado desde la derecha.

Uno de los aspectos que más polémica genera es establecer quiénes serán los beneficiarios, materia que fue objeto de rigurosos requisitos por parte del autor.

El alcance de la iniciativa se remonta a 1974, porque tiene en cuenta que los exilios comenzaron con la ola de crímenes políticos que precedió al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, e incluye entre los beneficiarios a niños nacidos en el exterior de padres que se vieron forzados a dejar Argentina. «El exilio generó desarraigo en miles de compatriotas, la pérdida de su identidad, la interrupción violenta de todas sus actividades de la vida cotidiana, la ruptura de sus lazos fa

miliares», dijo el senador Marcelo López Arias (PJ), autor del proyecto.

López Arias es un abogado que en tiempos dictatoriales defendió presos políticos y gremiales, y como legislador fue el impulsor de la ley que indemnizó a los familiares de los detenidos-desaparecidos durante el régimen militar, que según organizaciones de derechos humanos llegaron a 30.000.

El texto tiene como antecedente un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que aprobó indemnizar a Susana Yofre de Vaca Narvaja porque durante la dictadura debió refugiarse con su familia en México.

El proyecto fue aprobado por virtual unanimidad en la Cámara Alta, pues sólo se abstuvo Rodolfo Terragno, debido a que él mismo fue un exiliado.

Terragno adelantó que no reclamará su indemnización.

«Todos sufrimos la dictadura y no por eso el Estado nos tiene que indemnizar. Además, ¿por qué se beneficia sólo a las víctimas de la dictadura y no a las víctimas de la subversión?», dijo por ejemplo el diputado Ricardo Cantini, quien llegó a la cámara por Acción por la República, partido fundado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

(AFP y R.Central)