Por decreto, Verani aprobó el contrato frutícola

VIEDMA (AV).- El gobernador Pablo Verani firmó ayer un decreto-ley que fija condiciones contractuales en el sector frutícola. Además, la norma pretende establecer un esquema de costo mínimo para regular los precios en el sector, contemplando el traslado a los productores de los beneficios que reciben las industrias o los empacadores.

La normativa de «transparencia frutícola» fue planteada en un proyecto de ley pero, finalmente, se formalizó como decreto-ley. El mismo crea «el régimen de vinculación entre la producción, empaque, industria y comercialización de frutas» para otorgar «certeza jurídica a la relación entre las partes y acompañar la variabilidad del negocio en forma ágil y transparente».

Después de días de negociaciones, el presidente de la Federación de Productores, Salvador Durán -acompañado de otros dirigentes- acordó la redacción final de la norma con los ministros José Luis Rodríguez (Economía) y Gustavo Martínez (Coordinación). Ambos funcionarios reflejaron marcadas diferencias en un encuentro anterior con el gobernador Verani. Incluso, un borrador inicial de Martínez presentado a la Federación fijaba en el artículo 13 que la Comisión de Transparencia determinaría «un precio mínimo de la fruta», a lo que se opuso Rodríguez, criterio que fue respaldado por Verani. Se excluyó aquella precisión pero la presión de los dirigentes frutícolas no permitió que se eliminara el concepto y así se mantuvo la decisión que la Comisión fijara un costo base de producción al que se debe incorporar los beneficios de las empresas.

La norma establece los siguientes criterios y condiciones:

* Se fija un «régimen de vinculación» contractual para «las operaciones de comercialización».

* Se crearán registros de productores, empaques, frigoríficos, industrias y comercializadores. La inscripción será obligatoria.

* Los contratos de compraventa se deberán formalizar por escrito y precisar datos de la fruta -especie, variedad, identificación de chacras y volumen-, como también, condiciones de entrega, pago, clasificación, descarte y, entre otras, compensación por reintegros y reembolsos.

* Se creó la Comisión de Transparencia del Negocio Frutícola, que integrarán el secretario de Fruticultura, dos legisladores, dos representantes de los productores, un miembro por CAFI y otro por CINEX.

* Esa comisión indicará en cada temporada «el costo de producción de la fruta» y a ese valor se le «deberá incluir en la liquidación realizada al productor una diferencia en más por la fruta de exportación» como participación en «los reintegros, reembolsos u otros beneficios que pudiera recibir del Estado».

* Los productores y las empresas que adhieran al régimen podrán solicitar una reducción del 10% del Inmobiliario.

* Se reinstalará desde 2003 el impuesto a los Ingresos Brutos en aquellos que no accedan al régimen.

* Se crea el Fondo Especial de Desarrollo y Emergencia Frutícola para promover el desarrollo de la actividad, asistir a productores en situación de contingencia climática y generar información e investigación.

Optimismo en el gobierno

VIEDMA (AV) – El ministro José Luis Rodríguez y el titular de la Federación de Productores, Salvador Durán, coincidieron que el decreto-ley es el pilar para lograr la transparencia frutícola.

Conocida la norma, Rodríguez manifestó que «se trata de la base o punto de partida para lo que debe ser la relación productor-empresa y aspirar a la transparencia del negocio. Para eso, se necesitan dos elementos: la existencia de un contrato y la forma de liquidación».

Resaltó que «sí el negocio es favorable, la distribución (de las ganancias) debe ser equitativa entre todas las partes». Agregó que «habrá premios y castigos» e insistió que el decreto «no es la conclusión de un trabajo sino realmente el inicio de un gesto del gobierno que es, precisamente, vigilar por la transparencia de los actores de la actividad».

Asimismo, el ministro -que mantuvo un contrapunto con su par de Coordinación, Gustavo Martínez por el «precio mínimo»- explicó que se «aspira a que el mayor precio vaya al sector de la producción pero también tenemos responsabilidades de Estado por las cuales no podemos abordar temas que no competen a esa relación». Ya hay una ley de costo referencial que permite al productor poder negociar sobre el precio».

Durán destacó que se lograron «mecanismos de transparencia» que permitirán «cobrar con mayor eficiencia». El decreto -agregó- «enmarcará la actividad dentro de un marco de transparencia y va a salvaguardar al productor en las negociaciones». Resaltó que «se avanza un paso: saber que al costo de producción que formará parte del precio se le debe trasladar además los beneficios de los reintegros».

Más de lo mismo

El flamante contrato para la fruticultura tuvo que salir finalmente por decreto.

Haciendo un análisis se desprende que esta «vinculación jurídica entre partes» no aporta absolutamente nada para superar la coyuntura que atraviesa la actividad.

Si uno se remite a otros decretos y leyes que intentaron controlar el mercado frutícola hace ya muchos años, se puede deducir que este último es un buen resumen de todo lo actuado a la fecha en materia regulatoria.

«Durán nos pidió el decreto porque los tiempos apremiaban», comentó una fuente de Economía ante una consulta telefónica de este diario.

A través de este acuerdo con el sector productor, el gobierno provincial consiguió sacar de Viedma el conflicto frutícola y trasladarlo al valle, como ocurrió el año pasado cuando los tractores salieron a cortar las rutas de la región.

Con el contrato frutícola en marcha, esta temporada los productores tendrían que consensuar con las empresas qué precio se va a pagar por la fruta .

El problema está en que el mercado sigue siendo el que manda en el sector y no una ley o un decreto.

Se habla de un precio mínimo que debe ser acordado entre las partes, pero no se estipula su monto.

El acuerdo es tan ambiguo que deja librados a los chacareros, como históricamente ocurrió, a negociar con los empresarios por el valor de su fruta.

Nada garantiza que las condiciones para los pequeños productores mejoren con este nuevo decreto.

Nada garantiza que las empresas se encuadren en la tan mentada transparencia comercial que hoy exige la actividad .