Por el Catedral, denuncian a Saiz

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las acciones contra la readecuación del contrato de concesión de Catedral Alta Patagonia formalizada el lunes 16 se consolidaron durante la semana, coronadas por una denuncia penal contra el gobernador Miguel Saiz y los demás firmantes.

El viernes la psicopedagoga Carolina Hansen se presentó ante la fiscal Mirta Siedlecki y pidió que se investigue la posible comisión del delito de falta a los deberes de funcionario público por parte los mandatario y funcionarios que firmaron el nuevo contrato con Catedral Alta Patagonia.

«Hay indicadores de delito y por eso pido que se investigue» sostuvo.

También la Cámara de Comercio e Industria hizo sentir su voz -por fuera del «Prohibimus» presentado en el marco de la Mesa de Diálogo- y advirtió a los legisladores provinciales que «van a ser cómplices de algo que Bariloche repudia y va a condenar penalmente» si ratifican el nuevo contrato.

En diálogo mantenido con «Río Negro» la profesional explicó que su iniciativa está alentada por las denuncias de irregularidades que podrían afectar el futuro de uno de los principales recursos turísticos de l Región Andina.

«Catedral es un patrimonio del Estado que debe rendir el mayor beneficio posible para volcarlo a la comunidad y cuando me enteré que el empresario (titular de CAPSA) es (Alberto) Lamota, que por años no pagó sus impuestos en el lago, me di cuenta que no había garantías para la comunidad» dijo.

La mujer, que lleva 18 años trabajando en la salud y la educación provincia y pudo constatar su progresivo deterioro por falta de fondos, busca que se optimicen los beneficios que debe rendir el centro de deportes invernales para volcarlos al mejoramiento de los servicios esenciales del Estado.

Si bien los argumentos esgrimidos por Hansen en su presentación son confusos, la denuncia cobra valor por tratarse de la primera acción ciudadana orientada a determinar responsabilidades dentro del conflictivo y cuestionado proceso de ordenamiento Catedral.

«La mayoría de los cuestionamientos van contra el contrato pero yo voy contra los funcionarios que lo firmaron porque quiero apuntar contra las causas y no contra la consecuencia» explicó la psicopedagoga que convocó a toda la comunidad a «acompañar» y «aportar pruebas» a su pedido de investigación.

Por su parte la Cámara de Comercio dirigió una «carta abierta» a los legisladores provinciales asegurando que el contrato firmado con CAPSA «es ilegal» y que quienes lo avalen van a enfrentar los mismos riesgos legales que los firmantes.

«El gobernador Saiz sabe que el convenio de readecuación firmado el pasado 16 de febrero es ilegal, tal como lo manifestara el propio Fiscal de Estado en nuestra ciudad días atrás; y por eso esta buscando cómplices en este delito convocando a una sesión extraordinaria de la Legislatura» enfatizaron.

En la misma nota enumeran las irregularidades cometidas por la empresa y la provincia que fueron denunciadas en el seno de la Mesa de Diálogo.