Por Justicia de calidad

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La decisión de la Corte Suprema de Justicia que revocó la condena a prisión perpetua al lavacoches David Sandoval puso en cuestión la calidad de la Justicia de Río Negro. El alcance del fallo de la Corte supera el caso puntual de lo sucedido aquel anochecer de mayo de 2002 en el laboratorio de Cipolletti. Podría generar la revocatoria del nuevo juicio ordenado en la causa que investiga el homicidio del que fue víctima Ana Zerdán. Y, el mismo día en que se lo conoció, otros dos juicios en Bariloche fueron afectados por fallas o carencias en la etapa de Instrucción. Decenas de fallos podrían caer o nunca ser dictados. Es que la Corte plantea que la Justicia de Río Negro tiene problemas de calidad. Y no refiere necesariamente a la capacidad o compromiso de jueces o fiscales o a la falta de recursos para investigar, sino a problemas de diseño de normas y de organización institucional. En esencia, puso en cuestión dos aspectos: • La decisión del STJ de anular un juicio absolutorio y ordenar que se realice otro con persecución penal sobre una misma persona y en torno a un mismo hecho, por entender que viola la garantía del non bis in idem. • El sistema procesal vigente en Río Negro –híbrido en una pretendida transición del sistema inquisitivo hacia el acusatorio puro– por considerar que permitir al juez disponer prueba le quita imparcialidad para juzgar. En su voto, el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni afirmó que ningún otro régimen que no sea el acusatorio puro responde al marco normativo nacional, impuesto también por los convenios internacionales de aplicación en el país. A la luz de ciertas conductas y expresiones, es posible deducir que tal sistema híbrido no responde a criterios técnico jurídicos sino que es la resultante de una puja de poder en el Poder Judicial, de cuyo origen no es ajeno el poder político provincial. Grave es que esta disputa atenta contra la calidad del servicio y por tanto afecta a toda la ciudadanía. La competencia entre sectores de la Justicia se ha hecho evidente en las sucesivas reformas impulsadas por los jueces del STJ, los únicos con facultad de iniciativa en leyes de organización del Poder y sus códigos de procedimientos. Se ha visto resistencia a renunciar a la conducción del proceso penal, en tanto espacio de poder. En el acusatorio puro, sólo los fiscales están facultados para investigar y conducir la acusación, y el juez es un tercero ajeno al proceso, que debe evaluar imparcialmente las pruebas y elementos que presentan la acusación y la defensa. Es notoria la oposición a dar autarquía a los Ministerios Públicos, y el empeño puesto en restar influencia a su titular –la procuradora Liliana Piccinini–. Así ocurrió al designar fiscal general a Edgar Echarren –pese a la oposición de la funcionaria y a que pesaba sobre él una imputación penal–. En un reciente pronunciamiento, la entidad que agrupa a los Ministerios Públicos del país advirtió la necesidad de que se dote de recursos y autonomía a los fiscales para investigar sin depender del Poder Ejecutivo ni de los jueces. La asignación de fondos, se sabe, no es neutral. Si todo esto es grave en causas generadas por homicidios o robos violentos, no es menos terrible en casos de corrupción, en los cuales la presión del poder político suele tener mayor efecto en ciertos jueces y funcionarios judiciales. Esta semana, la sala B de la Cámara del Crimen de Viedma hizo lugar al reclamo de retardo de justicia que la fiscal Daniela Zágari planteó por la injustificable demora del juez Juan Bernardi. En casi un año, el magistrado no decidió la situación procesal de los imputados en la causa de Flavors, los alimentos de origen dudoso y graves defectos nutricionales que se distribuyeron durante años en albergues y escuelas de la provincia a través de contratos suscriptos por el Ministerio de Familia. La Cámara tuvo severas palabras hacia el juez, aunque –en su fallo– le concedió el plazo máximo que tuvo desde un comienzo para resolver. ¡Otros veinte días, como si no hubiera transcurrido ya tanto! Bernardi era juez de Instrucción, pero eligió dejar ese cargo concursando como juez Correccional. Pero la licencia del ex juez Funes y su posterior renuncia para librarse de un jury volvió a ponerlo como subrogante en un juzgado de Instrucción. Justo donde no quería estar. La vocación, el deseo de ejercer su tarea, no es ajeno nunca a la tarea de un magistrado, aunque no sea el único requerimiento del cargo. Igual de preocupante fue la referencia de la Cámara a la actitud del fiscal de Estado, que en la causa Flavors es querellante en representación de la víctima –el Estado rionegrino–: hizo notar que siempre coincidió con la defensa de los imputados contra los planteos de Zágari. No es extraño. El fiscal Alberto Carosio consintió las contrataciones con Flavors. Además, está él mismo imputado en la investigación de pagos indebidos por los cuales fue condenada su colaboradora Sandra Bombardieri y ha eludido el accionar de la Justicia amparándose en sus fueros. Más de la mitad del gabinete de Saiz ha sido indagado por causas de corrupción o está a punto de serlo. • Por Flavors prestaron declaración indagatoria los ex ministros de Hacienda y de Salud –Pablo Verani y Adriana Gutiérrez– y los actuales de Salud y de Familia –Cristina Uría y Alfredo Pega–. • El ministro de Turismo, Omar Contreras, fue indagado por la publicidad que su cartera dio a una funcionaria de Prensa, en la que también debe declarar el secretario de Medios, Claudio Mozzoni. • A Contreras le espera otra segura indagatoria, por la denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por irregularidades en el manejo de fondos de Turismo. • El secretario de Obras Públicas, Osvaldo Mildenberger, enfrenta una causa por tareas que se pagaron primero y se tramitaron después. • Y al ministro de Educación, César Barbeito, lo involucra la investigación por obras escolares que la FIA está a punto de enviar a la Justicia. • Eso, además del procesamiento del director de Coordinación por el SUM de Cona Niyeu, la investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado de la secretaria de Hidrocarburos Tamara Pérez Balda y la reciente denuncia pública de presunta negociación ilegal de tierras fiscales formulada por el legislador Luis Bardeggia, que involucraría al director del área, Jorge Belacín, y al propio gobernador Miguel Saiz. No asombra, entonces, que legisladores radicales presentaran un proyecto para cambiar el modo de elegir los jueces y fiscales, que concentra decisiones en el Consejo de la Magistratura y en el presidente de ese organismo, quitando transparencia y evaluación académica imparcial. Más preocupa que, si bien se advertía en ese proyecto la mano de Víctor Sodero Nievas, el mismo vocal del STJ lo defendiera de modo inusualmente agresivo, invitando a renunciar a los jueces que se opongan a la modificación. En suma, el fallo de la Corte obligará a adoptar decisiones políticas para adecuar el sistema judicial rionegrino. Es de esperar que sean adoptadas con criterio jurídico y que no sepulten en la impunidad a un número considerable de causas pendientes.

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