Por las amenazas Duhalde viaja el lunes a Neuquén

NEUQUEN (AN).- El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, anticipó su visita a la provincia por las amenazas de muerte sufridas por dos integrantes de la Defensoría del Niño y el Adolescente. El lunes estará en esta capital.

Ayer, el Foro en Defensa de la Protección integral del Niño y el Adolescente solicitó a la Justicia «avances en la investigación» para determinar qué sectores están detrás de las intimidaciones. Y el obispo Marcelo Melani instó a «pensar algunas de las cosas de nuestra vida democrática» y a «empezar un camino distinto» a partir de la «comprensión» y así «hacer entre todos una ciudad y una provincia más habitables, donde nadie se sienta excluido ni amenazado».

La delegada regional de la secretaría nacional, Beatriz Gentile, dijo que el titular de esa cartera «lo tomó como un caso de extrema gravedad». La visita de Duhalde, en principio prevista para visitar dos cárceles y mantener contacto con comunidades mapuches, «fue precipitada como consecuencia de las amenazas». El funcionario se entrevistará con ellas el lunes.

El Foro hizo público el contenido de las intimidaciones. La defensora adjunta Edith Galarza recibió cuatro llamadas el 21 de febrero, en su número telefónico privado que no figura en guía. En tres la instaron a no meterse con el «poder». Los días posteriores su teléfono fijo y su celular sonaron de forma intermitente durante la madrugada.

Luego del primer llamado, Galarza le solicitó a la otra adjunta, Mónica Amicone, de quien es vecina, que acudiera a su casa. El teléfono volvió a sonar y escucharon una nueva amenaza con el dispositivo de manos libres.

Según informó el pastor Guillermo Schneider, integrante del foro, las comunicaciones fueron realizadas por la misma persona desde una cabina telefónica. Los números de procedencia fueron identificados.

Se difundió la grabación de una voz masculina que le pide a Galarza que no se meta co «el poder porque te vamos a hacer cagar a vos y a toda tu familia». El 23 de febrero, la defensora Nara Osés, al volver de sus vacaciones, fue notificada por una persona que cuidó su casa de una llamada casi idéntica a las de Galarza. Con la misma alusión a no molestar al «poder» y el planteo del riesgo que podría suponer para su familia un caso contrario. En agosto de 2003 el celular de guardia de la Defensoría recibió un llamado donde le advertían lo siguiente: «sigan así que las vamos a descuartizar».

En una conferencia de prensa realizada en el obispado, el foro reclamó «avances en la investigación» tras las denuncias de las defensoras en la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas y el Juzgado de Instrucción a cargo de Héctor Rimaro. «El expediente está igual que cuando fue hecha la denuncia», alertaron.

La dirigente de la APDH, Noemí Labrune, dijo que las intimidaciones son similares a las aplicadas durante la dictadura militar. Esta acción clandestina aparece «en forma paralela a las acciones oficiales, a la práctica de gobierno». Y trazó un puente entre las intimidaciones y el pedido del ministro de Seguridad Luis Manganaro, al TSJ, para determinar si la Defensoría está facultada para «ordenar, prohibir o solicitar la suspensión de ciertas acciones de gobierno». La modificación a la normativa está impulsada por Manganaro en la Legislatura, lo que es rechazado por sectores opositores, sociales y políticos.

A mitad de mañana, los integrantes del Foro denunciaron que pese a ser solicitada, las defensoras no recibieron custodia policial. Al mediodía, el boletín de prensa del gobierno, el ministro «dispuso» esa custodia.

Los llamados telefónicos

El Foro en Defensa de la ley de Protección Integral al Niño y al Adolescente hizo público el contenido de las amenazas de muerte a las dos defensoras. El lunes 21 de febrero, la defensora adjunta Edith Galarza, atendió su teléfono particular a las 15.44. Del otro lado de la línea preguntaron por ella.

Luego de comprobar que había atendido el teléfono le dijeron: «zurda hija de puta, cortala con el poder porque te vamos a hacer cagar, a vos y a toda tu familia».

Ese mismo día recibió otra llamada, que quedó grabada en su fax. «Te vuelvo a repetir, por si no te quedó claro, que la cortés con el poder porque te vamos a hacer cagar a vos y a toda tu familia». Galarza le preguntó al autor o autores de la llamada: «¿con qué poder?» «Vos sabés con qué poder», le respondieron. «No le entiendo», dijo la defensora. «Cuidate», culminaron.

Luego de esto, Galarza llamó a la otra adjunta de la Defensoría, Mónica Amicone, vecina suya. Juntas oyeron con el dispositivo de manos libres la cuarta llamada. «Que la cortes con el poder, porque te vamos a hacer recagar a vos y a toda tu familia, sabemos dónde vivís y los movimientos tuyos y de tu familia», dijo la voz.

Cuando regresó de sus vacaciones, la titular de la Defensoría del Menor y el Adolescente, Nara Osés, se enteró de una amenaza telefónica recibida por una persona que cuidó su casa. Fue, también, el 21, cerca de las 14, a un número que no aparece en la guía. «Cortala con el poder porque lo vas a pagar caro vos y tu familia», dijo una voz. Esa persona volvió a llamar, y el cuidador cortó la comunicación.

Las comunicaciones, en el primero de los casos, fueron detectadas con un identificador de llamadas.

Diputados piden informes al jefe de Policía

Los diputados de Patria Libre, Jesús Escobar y de FAEN, Raúl Radonich, pedirán al jefe de la Policía, Walter Cofré, que explique los motivos que demoraron la asignación de custodia policial a las integrantes de la Defensoría del Niño y el Adolescente amenazadas.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Luis Manganaro, recién ayer por la mañana asignó la guardia. No obstante, el Foro en Defensa de la ley 2302 dijo que pese a ser solicitada, la presencia policial «se demoró inexplicablemente».

Los diputados, además, promoverán una declaración en la Legislatura contra las amenazas y en apoyo a las funcionarias.

La Asociación de Magistrados se solidariza con las defensoras ante «las graves amenazas», «vinculadas con tareas propias» de la Defensoría.

El bloque FAEN, emitió un comunicado donde afirma que «una vez más el autoritarismo tiene la palabra» y repudió los «aprietes». Los gremios ATEN y Sejun también se solidarizaron con las funcionarias. Los docentes repudian la «metodología netamente fascista» de las intimidaciones y los judiciales afirman que componen «una amenaza al conjunto de la sociedad».

Nota asociada: Respaldo de Abuelas de Plaza de Mayo y otras entidades

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