Por unos gastos de viáticos Bariloche roza el escándalo

Una resolución del Ejecutivo autorizó el pago de alojamientos a dos supuestos funcionarios de Nación

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Ejecutivo municipal rectificó ayer una resolución emitida hace diez días a través de la cual había pagado alojamientos para dos personas por 640 pesos y que contenía errores difíciles de explicar.

De acuerdo a la primera versión, los huéspedes cuyos gastos fueron costeados por el municipio con imputación a la partida de «cortesías y homenajes» fueron dos funcionarios nacionales: «María Lucila Palombo, representante del Consejo Nacional de la Mujer, y Ramiro Soria, Coordinador del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social».

Según la resolución «trucha», habían venido a Bariloche a «ultimar detalles referentes a la visita del presidente» Néstor Kirchner, que finalmente no se produjo.

La autorización del pago firmada por el intendente Alberto Icare y sus secretarios de Hacienda y de Gobierno aparecía librada a nombre de Santiago Ramón Urrea, titular de la Hostería del Prado.

Ayer el Ejecutivo reconoció que aquella resolución (la 3495, fechada el 1 de setiembre) fue dictada «sobre la base de un error administrativo consistente en haber utilizado un proyecto de resolución diferente a la destinada» (sic).

En consecuencia, consideró indispensable «enderezar el procedimiento» aclarando que los agraciados por la cortesía oficial fueron en realidad Alberto Nores y Hernán Frandrisch.

Estas dos personas (según la nueva resolución) pasaron un par de días en la Hostería del Prado «invitados a evaluar el funcionamiento e imagen del estado Municipal y realizar diagnóstico de su situación».

La corrección del error fue formalizada sólo después de que los supuestos emisarios presidenciales, Palombo (en realidad su nombre es Colombo, se supo después) y Soria, negaran haber estado en Bariloche para cumplir esa tarea. El segundo de ellos dijo incluso que dejó la función pública en diciembre del 2005.

La primera noticia sobre la resolución que desató el escándalo fue publicada por el periódico local «El Ciudadano», con el cual se comunicaron los aludidos para desmentir su vínculo con el municipio. Para agravar las cosas, la ignota hostería que supuestamente los hospedó estaría cerrada desde hace varios meses.

Así al menos lo aseguró el Tribunal de Cuentas en una nota dirigida al Ejecutivo en la cual rechazó la resolución falsa y pidió iniciar un sumario administrativo a «los empleados y/o funcionarios» responsables del trámite.

A su vez, el TdeC solicitó que «se efectúe la denuncia penal para la firma que ha presentado la factura». Su titular, Santiago Urrea, no contesta los teléfonos y estaría fuera del país. Ante el cúmulo de sospechas derivadas del episodio también presentó un pedido de informes la concejal Silvina García Larraburu (PJ) y luego se sumó con un recurso el bloque de la UCR.

La Hostería Del Prado está ubicada en Pioneros al 4.600. Se trata de un inmueble rodeado de jardín y grandes árboles que hasta hace un tiempo albergó un geriátrico y por estos días no registra movimiento.

El presidente del Tribunal de Cuentas, José Luis Hernández, reconoció que tomaron intervención en el caso a partir de la difusión periodística, pese a lo cual el organismo de contralor consideró la confección de la resolución fallida es «una falta muy grave» que debe ser sancionada.

Hernández dijo haber fracasado en todos los intentos por ubicar al titular de la hostería, pese a que se presentó durante tres días en el establecimiento sin encontrar a nadie y algunos vecinos le aseguraron que está cerrado «desde hace varios meses».


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