Allen en su laberinto

Jaqueada por varios juicios millonarios, la administración municipal no logra tejer alianzas y proyectos sustentables.

26 sep 2010 - 00:00

Allen es una ciudad intermedia del Alto Valle de Río Negro, con un área frutícola próspera, una producción petrolera y gasífera pionera en la región y varias industrias de importancia. No se distingue por las características de su poblamiento, su accesibilidad ni otro aspecto esencial.

Sin embargo, es notable su dificultad para generar una institucionalidad solvente, que la libere de sufrir crisis financieras y políticas periódicas, como la que -en 1999- generó uno de los pocos intentos de revocatoria de un intendente registrados en la provincia.

Un añejo conflicto jurídico originado en aquella época se reactualizó esta semana, ante la certeza de que -tras acumular durante 11 años intereses, costas y honorarios profesionales- el juicio iniciado por la firma Solmi será una pesadísima carga para las arcas municipales.

Una sucesión desafortunada

Las dos primeras gestiones tras el regreso de la democracia fueron relativamente tranquilas, aunque no exentas de problemas.

Uno de los juicios millonarios que complicaron las finanzas de Allen se gestó poco antes de los comicios de 1983: numerosas familias ocuparon tierras propiedad de Piñeiro Pearson incentivadas -se denunció- por promesas de campaña de Digno Diez. Luego, y hasta 1989, el municipio vendió como si fueran propias siete hectáreas. Tras regularizar la tenencia del predio, lo donó entero al IPPV, y más tarde volvió a vender terrenos del sector, entre otros a la Mutual del Magisterio. Algo más tarde, la comuna donó la parcela completa al IPPV, incluso las áreas cedidas. Y, por último, las vendió otra vez, pero a una cooperativa de viviendas.

Como intendente, Digno Diez -en apenas dos años de gestión- entregó en 1991 el municipio en estado caótico, jaqueado por juicios por más de 300.000 pesos, sin teléfono por falta de pago, y acumulando deudas en mora con otras empresas de servicios, con atraso en el pago de sueldos, ausencia de balances y otras circunstancias negativas.

En su gestión, inició juicio al Estado provincial por regalías hidrocarburíferas fijadas por ley pero nunca saldadas. Años después, el STJ falló en contra del municipio, que terminó agravando su situación por el pago de 2 millones de pesos en honorarios a los abogados de Fiscalía de Estado.

Lo sucedió en el cargo el radical Ulises Gentile, quien tardó cinco meses en ordenar las cuentas lo suficiente para pagar sueldos pendientes. Pero cuando recién llevaba diez meses de gestión dejó de presentar la ejecución de cuentas y comenzaron a lloverle críticas.

En el descontento influyó su decisión de aumentar el 100% las tasas de servicios municipales, que debió en parte disminuir por presión de la Cámara de Comercio y las dificultades para lograr el respaldo en el Concejo, que también acotó sus facultades para girar en descubierto. En lo político, Gentile perdió -por renuncia- a la presidenta del Deliberante y el STJ debió saldar la discrepancia por la sucesión.

Pero las mayores dificultades las tuvo cuando los concejales decidieron aumentar sus dietas y, en febrero de 1994, una bomba molotov estalló en la municipalidad, provocando serios destrozos.

Tres sospechas de corrupción -con becas estudiantiles, presuntas coimas a una funcionaria y un ATN sobrevaluado- marcaron el fin de su primer período, con las cuentas municipales embargadas en un 20% por juicios perdidos.

En 1996, mientras arreciaba la pelea política con los concejales, el deterioro en la prestación de los servicios públicos se agravaba: calles destruidas, espacios verdes abandonados y hasta el cementerio en ruinas generaban el descontento de la población, mientras se sucedían los paros de municipales y los intentos de Gentile por reducir los gastos.

Vano fue el empeño del gobernador Pablo Verani por convencer a los allenses de que estaban “en buenas manos”, y la frase aumentó las reacciones y quejas.

En 1998, los concejales llevaban más de un año sin cobrar sus dietas y adherían a los planteos gremiales de los empleados de la comuna, ahogada financieramente.

Esa fue la antesala de la revocatoria de mandato iniciada por ciudadanos autoconvocados, que cumplieron todas las instancias previstas en la Carta Orgánica, incluso lograr que el Deliberante llamara a un referéndum que debía realizarse en abril del 99.

A fines de marzo, luego de que el gobernador Verani le retirara su apoyo y le pidiera que renunciara a la intendencia y a la candidatura a legislador, Gentile dejó el cargo y abandonó su intento de continuar en política. Su mandato fue completado por Hernán Otero, quien presidía el Deliberante.

A pesar de la crisis, las elecciones siguientes volvieron a sonreír a la UCR: Carlos “Fatiga” Sánchez fue elegido intendente para el período 1999-2003.

En el primer tiempo, con algo de oxígeno provincial, Sánchez buscó incrementar la bajísima recaudación -del 25%- y mejorar con algunas obras el abandono de la ciudad, cuyo municipio seguía sin teléfono. Pero el acoso de juicios y embargos lo sometió a un constante desvelo. Aun así, siguió aumentando la planta de personal y no frenó el descontento público.

En octubre de 2000, cuando la crisis económica golpeaba al país, reformuló su gabinete.

Una de las pocas buenas noticias de ese tiempo fue la refacción del tradicional teatro municipal y el reasfaltado de los accesos de la ciudad. Lo demás: crisis, cierre de comercios, desocupación y reclamos, condimentados por denuncias de irregularidades en la contratación de obras y servicios municipales.

“¿Qué pasó con Allen?”, se preguntaba una lectora del diario, que lamentaba el desamparo de la ciudad. La sección Cartas exhibe numerosas expresiones de allenses defraudados ante la incapacidad demostrada por las distintas fuerzas políticas locales.

La multisectorial que logró la renuncia de Gentile celebró cada 16 de marzo el Día de los Derechos Ciudadanos -en recuerdo de su renuncia-, pero no volvió a ejercer una acción organizada.

La situación financiera nunca volvió a ser desahogada. Y a eso se sumó una interna en el radicalismo que complicó a Sánchez y que trabó en el Concejo varias de sus iniciativas.

¿Pudo hacer algo más? Según una encuesta encargada por “Río Negro”, sólo el 10,6% de los allenses consideraba a su gestión buena o muy buena, mientras que el 50,1% opinaba que era mala o muy mala. Aun así, fue reelecto para el período 2003-2007.

La viabilidad de cualquier gestión política depende en gran medida de la disponibilidad de medios. Y lo único que acumuló el municipio de Allen fueron embargos y sentencias en contra. Para 2002, las retenciones a la coparticipación para el pago de juicios alcanzaban al 42,8%.

Mientras, crecía el expediente por la compra -en 1994, durante la gestión de Gentile- de dos máquinas a la firma Solmi, por el incumplimiento del pago de varias cuotas y la consiguiente ejecución judicial de la prenda.

En el juicio de responsabilidad, el Tribunal de Cuentas local aplicó en 2002 una multa de 4.500 pesos al ex jefe comunal, que dijo que no pagaría “ni un peso”. Las máquinas de la discordia fueron rematadas y adquiridas -a precio ínfimo- por el propio Solmi, quien, no obstante, redobló el reclamo por el monto total de la prenda, ya que el municipio ni siquiera presentó en el juicio -que tramitó en Santa Fe- la deducción de las sumas ya pagadas. Sólo las costas ascendían en 2002 a 60.000 dólares y, el capital, a 114.000 de esa moneda.

La intervención de un mismo grupo de abogados en los cinco juicios más gravosos para la comuna, y la sospecha de fallas en la defensa legal que ejercieron nunca se plasmaron en denuncias concretas. Y los juicios de ejecución de honorarios se pusieron en la fila de los embargos al fisco.

El caso Solmi tal vez sea el paradigma de la “industria del juicio”, sobre todo porque la demora en llegar a una solución multiplicó varias veces el monto del reclamo. Días atrás, el Deliberante de Allen aprobó el proyecto de acuerdo elaborado por el Ejecutivo, por el cual la comuna tomará un empréstito en bonos provinciales y terminará de pagar en 2024. La deuda, para entonces, habrá ascendido a $ 4 millones.

El clima político, en tanto, sigue siendo difícil en Allen.

En la última elección de autoridades comunales, la Justicia debió interceder en la definición de quién ocuparía la presidencia del Concejo, lo que aumentó las diferencias entre el Ejecutivo y el Deliberante, propias de la puja entre partidos.

En junio de este año, un nuevo enfrentamiento entre ambos poderes derivó en un referendum que buscaba aval para una ordenanza de urbanización de un área de chacras en Guerrico, en el cual ganó el “no”, pero con escasísima participación.

A los tumbos, desfinanciada y con notables obstáculos para delinear un futuro sustentable, la administración política de Allen sigue mostrando su incapacidad para tejer alianzas y proyectos que potencien la energía que, aun hoy, se pierde en polémicas inconducentes.

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