Offshores: una “debilidad” que complica al equipo de Macri

“Quieren instalar que las offshore son corrupción. No señores, la corrupción son los bolsos de (José) López”. Así quiso zanjar la cuestión, en lo discursivo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante su informe de gestión en Diputados, el miércoles. El blanco central de las mil preguntas de la oposición había sido el ministro de Finanzas, Luis Caputo. La semana pasada, se conoció que una empresa gerenciadora de una red de fondos de inversión en paraísos fiscales confirmó ante las autoridades de EE. UU. que Caputo fue su “dueño y accionista indirecto”, algo que el ministro nunca admitió, ni declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA). Pero el caso de las offshore, destapado por las investigaciones internacionales de los Panamá y Paradise Papers, incomoda al gobierno casi desde el inicio de su gestión.

En los últimos dos años se conoció gran cantidad de vinculaciones entre funcionarios de primera línea y este tipo de sociedades, inclusive del presidente Mauricio Macri. Aunque se lo asocia a mecanismos de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, armas, corrupción y hasta el terrorismo –y con razón–, integrar, ser accionista o dirigir una offshore no constituye en sí mismo un delito. Las razones pueden variar: ventajas impositivas, protección de privacidad, seguridad jurídica y protección de fondos ante la potencialidad de un nuevo corralito, vehículo para invertir dinero en negocios fuera del país. Es legal cuando los fondos son de origen legal y están debidamente declarados, en el caso de los funcionarios, también ante la OA.

El caso de Caputo es el más sensible, empezando por su jerarquía. La vinculación con una offshore ya le había costado el cargo a un funcionario de segunda línea, el ahora ex subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. El diario “El País”, de España, reveló que Díaz Gilligan fue representante y accionista hasta 2014 (cuando ingresó formalmente a la función pública) de una sociedad (Line Action) con sede en Londres, pero propiedad de una mercantil panameña (Nashville North Inc), con una cuenta en un banco de Andorra –que eliminó el secreto bancario el año pasado– por u$s 1,2 millones. El funcionario negó que el dinero fuera suyo, renunció y fue imputado a fines de febrero por presunto lavado de dinero.

El caso de Caputo es sensible además porque el ministro fue desmentido. Según se desprendió de los Paradise Papers (la filtración millones de documentos de estudios jurídicos dedicados a dar servicios offshore) Caputo fue accionista de offshores creadas para administrar millones de dólares en paraísos fiscales. El ministro negó en su momento haber sido “propietario ni accionista”, sino más bien un “asesor, administrador, manager” y que, por lo tanto, no debía declararlas ni ante la AFIP, ni ante la Oficina Anticorrupción.

Hace unos días, la firma Noctua Partners confirmó ante las autoridades de EE. UU. que Caputo fue su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto”, según publicaron Perfil y La Nación, equipo local de los Paradise Papers. Abandonó la firma al asumir como ministro. La OA, que dirige Laura Alonso, advirtió que pedirá información a EE. UU. e investigará irregularidades.

Otro de los nombres que surgió en los Paradise, es el del nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a partir de abril, Leandro Cuccioli. Ante la OA, el funcionario declaró la mayor parte de su dinero en el exterior en inmuebles en Londres y Uruguay y en fideicomisos administrados en EE. UU. según la investigación de los Paradise, radicados en Islas Caimán. También integró, hasta su ingreso al gobierno, el directorio de El Tejar, una de las empresas de granos más grandes del país, que opera a través de sociedades en paraísos fiscales.

Según estimaciones, el 43% del dinero declarado por el gabinete del gobierno se encuentra en el exterior. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, declaró al asumir como funcionario que de los casi $ 97 millones que informó al asumir el año pasado, 74 millones, están invertidos afuera. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, mantiene el 84% de los $ 88 millones de su patrimonio en el extranjero. Aranguren también quedó implicado en los Paradise Papers. Como ejecutivo de Shell, integró los directorios de dos sociedades offshore. Una de ellas, Shell Western Supply and Trading Ltd, ganó, cuando él ya era ministro, licitaciones para proveer de gasoil al Estado durante 2016 por u$s 240 millones. La OA y la Sigen lo despegaron de cualquier conflicto de interés o violación de la ley de Ética Pública.

Uno de los primeros implicados en las investigaciones por paraísos fiscales fue el mismo presidente. El nombre de Mauricio Macri surgió en los Panama Papers en 2016: integró, junto con su padre Franco y su hermano Mariano, el directorio de Fleg Trading Ltd, una sociedad registrada las Bahamas, y Kagemusha, en Panamá. Cuando surgió la polémica, Presidencia comunicó que “Macri nunca tuvo una participación en el capital” de esas sociedades y que no lo declaró “pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad”.

En 2017 la Justicia le dio buenas noticias. En abril, el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir investigándolo, bajo la consideración de que no existían elementos para sospechar que hubo lavado dinero, y por lo tanto, ningún delito federal. En agosto, la Cámara Federal confirmó el fallo de Casanello y mandó a que investigue el fuero penal económico. En septiembre, la Justicia nacional resolvió que Macri “no fue socio ni accionista” y que “no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias” de las firmas offshore, clausurando el debate de si debió haberlas declarado como funcionario.

Mauricio Macri

Presidente de la Nación

El presidente quedó implicado en la investigación de los Panamá Papers en 2016. De los documentos surgió que integró, junto con su padre Franco y su hermano Mariano, el directorio de Fleg Trading Ltd, una sociedad registrada las Bahamas, y Kagemusha, de Panamá. Presidencia comunicó que no tuvo participación de capital, sino que sólo fue director, y por lo tanto no debió declararlo. La justicia lo desvinculó de las firmas.

Luis Caputo

Ministro de Finanzas

Caputo no informó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) haber sido accionista de Noctua, gerenciadora de una red de fondos de inversión en paraísos fiscales. Afirmó que fue “asesor, administrador” y no correspondía informar. Ante la autoridad financiera de EE. UU., la firma informó que Caputo fue “dueño y accionista indirecto”. La OA advirtió que investigará. El ministro dará explicaciones en el Congreso.

Leandro Cuccioli

Designado en la AFIP

El designado director del ente recaudador –asume en abril– tiene la mayor parte de su patrimonio de 6 millones de pesos en el exterior. Cuccioli tiene acciones en dos fondos de inversión que declaró ante la Oficina Anticorrupción que se encontraban radicados en Estados Unidos. Sin embargo, según se desprendió de la investigación local de los Paradise Papers, su verdadera sede estaría en las Islas Caimán, paraíso fiscal.

Valentín Díaz Gilligan

Exsubsecretario

El diario “El País” reveló que el ahora exsubsecretario de Presidencia fue representante y accionista hasta 2014 de una sociedad con sede en Londres, pero propiedad de una firma panameña, con una cuenta en un banco de Andorra por u$s 1,2 millón. El funcionario negó que el dinero fuera suyo, sino que puso su nombre porque un amigo empresario no podía hacerlo por problemas con el fisco. Renunció y fue imputado por presunto lavado.

Juan José Aranguren

Ministro de Energía

El ministro y ex-CEO de Shell en Argentina integró, antes de ser funcionario, los directorios de al menos dos offshores ligadas a la petrolera. Cuando él ya era ministro, una de esas firmas ganó licitaciones para proveer al Estado de gasoil por u$s 240 millones. La OA y la Sigen descartaron un conflicto de intereses. El ministro ya había vendido las acciones que tenía en la petrolera por recomendación de la OA.

Las offshores son sociedades constituidas fuera de su país de residencia registradas en “paraísos fiscales”. Allí gozan de beneficios legales y fiscales.

“Quieren instalar que las offshores son corrupción. No señores, la corrupción son los bolsos de [José] López”.

Marcos Peña,

jefe de Gabinete.

Oliveto: “Lo mejor es que la Justicia actúe, y que lo haga en tiempo”

P: La Coalición Cívica pidió en su momento la renuncia de Gilligan. ¿Por qué lo de Caputo es distinto?

R: Porque Gilligan tenía la obligación de considerarlo en su declaración jurada. El admite ser “fronting” de un empresario uruguayo y que voluntariamente prestó su nombre porque su amigo tenía problemas y no podía tener bienes a su nombre. El admite que participó de una situación por lo menos poco clara. Participar en una offshore es penalizable o no en la medida que esté declarada o no en el país en que tributa.

P: Caputo negó que haya sido accionista. La firma lo desmintió.

R: Caputo lo sigue negando, dice que administró un fideicomiso y así lo estableció ante la Justicia, con documentos que presentó. Tenés la declaración de él, y lo que muestran el grupo local de investigación de los Paradise, que son todos prestigiosos y respetables. La respuesta de la empresa habla de “propietario indirecto”, no se entiende bien el término. Cuando hay situaciones controvertidas lo mejor que puede pasar es que la Justicia actúe, y en tiempo.

P: El gobierno dice que nada tiene que ver con la corrupción del gobierno anterior. ¿Por qué?

R: Éstos no son casos de corrupción. Están cambiando el relato, pero la verdad que cuando vos ves los 46 mil millones de Lazaro, o los 10 millones de dólares de López… si lo que tienen para hablar de un gobierno que ya tiene 2 años es un tema de declaraciones juradas, –que tiene que ser aclarado en la Justicia, y los funcionarios se ponen a disposición–, si lo único que tienen para acusar es eso, quiere decir que este gobierno tiene prácticas absolutamente distintas. Y hay que dejar claro que ninguna de las actividades la desarrollaron siendo funcionarios.

La respuesta que desmiente al ministro Caputo

“El principal propietario de Noctua es Affinis Partners II, Ltd., sociedad formada en Islas Caimán, e, indirectamente, Martín Guyot y Luis Caputo”, dice el texto que presentó la firma ante autoridades de EE. UU. y que publicó el diario “Perfil”.