Precio y calidad

Luego de amasar largamente la decisión, el Ejecutivo municipal anunció el último jueves la nueva escala tarifaria del transporte urbano, que llevaba 14 meses sin cambios. El boleto mínimo saltará de 2,25 a 3 pesos a partir del martes y ya quedó establecido que el 1 de agosto otra recomposición lo llevará a 3,45 pesos, lo que representa un aumento global del 53,3%. El nuevo esquema incluye novedades impensables hace un par de meses, como la gratuidad del boleto estudiantil para todos los rangos de la educación pública y una quita del 50% para los jubilados que cobran el haber mínimo. En lo esencial el incremento satisface a las empresas e incluso supera por algunos centavos la tarifa técnica que había determinado la dirección de Tránsito y Transporte. El intendente Omar Goye descuenta que la decisión le deparará costos políticos, agravados por los cabildeos y los cambios de discurso. De hecho, los estudiantes que ocupan el Centro Cívico mantienen la protesta y aclararon que su reclamo no es sólo sectorial sino que incluye el rechazo al aumento del boleto general y la exigencia de mejoras inmediatas y medibles en la calidad del servicio. Este último punto será probablemente el que marque el rumbo futuro del conflicto. Goye sabe que una mala prestación es mucho menos digerible con un boleto caro y las exigencias de inversión planteadas a las prestadoras a cambio del ajuste no parecen colmar la expectativa. La empresa Tres de Mayo tendrá que incorporar tres colectivos y la Codao uno, con una antigüedad no mayor a 8 años. Además, quedan dispensadas de cumplir con la cantidad de kioscos de recarga que les impone el contrato si refuerzan la cantidad de personal que ofrece en forma esporádica el mismo servicio a bordo de las unidades. La solución no será operativa para el pasajero que se quede sin carga fuera del horario comercial o en algún barrio alejado. A la luz de lo ocurrido en las últimas semanas, el gobierno habrá tomado nota de que el servicio de transporte urbano es un punto sensible con potencial para poner en jaque cualquier gestión municipal. En esa materia, los errores se acumulan como capas geológicas. A la claudicación de hace tres años, (cuando el municipio en lugar de licitar concedió una nueva prórroga de tres años a las concesionarias de siempre) se suma la ausencia casi absoluta de controles. Goye podría comprobar cuánto menos antipático resulta el aumento de boleto si esa noticia estuviera matizada por otras sobre las multas que el municipio aplica a las empresas por las comprobadas falencias de la prestación. Esta semana los vecinos del barrio Dos de Abril volvieron a quejarse de que la línea 71/81 de Codao incumple con el recorrido y en horario nocturno los deja en la ruta 40, lo cual los obliga a caminar más de 10 cuadras. La denuncia la llevaron al Inadi y a la Defensoría del Pueblo, porque saben que en Tránsito no encontrará respuesta alguna. Además del transporte, Goye enfrenta otro “caso” de parecida gravedad en el vertedero municipal, donde la Asociación de Recicladores le exigió otra vez mayores controles al ingreso de menores y la colocación de venteos que les permitan trabajar con menor riesgo. Al piquete montado en el ingreso del basural el intendente respondió con una denuncia ante la Justicia. Ese arrebato topó con el repudio de todo el arco político. Incluso el de sus socios del FpV, quienes cuestionaron esa lectura de la protesta social y señalaron que no se compadecía con los criterios del gobierno “nacional y popular”. Esto último -en realidad- es materia opinable y Goye podría argumentar que la Nación no dudó en confrontar por la misma vía con los ambientalistas de Gualeguaychú. Lo cierto es que, con ambos conflictos sobre la mesa, cuesta desbrozar por dónde pasaba el plan de acción del FpV, si es que lo había. O bien, hasta qué punto gestionar es simplemente surfear la realidad. La médula del proyecto de cualquier gobierno debería ser, por definición, el presupuesto anual y la política tributaria. A casi cinco meses de asumir, Goye todavía adeuda ambos, para desconcierto de los concejales, incluidos los del propio bloque. En relación con el transporte, el aumento aplicado enfrenta dos debilidades: la primera es que el monto excede la inflación acumulada desde la última recomposición y la otra es que los cambios en la calidad del servicio debían ser anteriores o por lo menos simultáneos al otorgamiento del beneficio económico. En otras palabras, que las mejoras no las financien los usuarios sino las propias operadoras con su capacidad económica. La discusión de fondo sobre el sistema de transporte que necesita la ciudad a futuro debería quedar instalada antes de fin de año con un nuevo proceso licitatorio. Es obligación del gobierno dotar ese debate del suficiente espesor y tomar en cuenta que el servicio deberá atender mucho mejor que hoy las complejidades de una ciudad turística y desalentar el uso del automóvil, porque el diseño urbanístico de la ciudad así lo reclama.

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daniel marzal dmarzal@rionegro.com.ar