Precios sin medida



El año 2012 cerrará con una tasa de inflación ligeramente superior al 26% anual según estimaciones privadas (basadas en los índices de las diez provincias que aún mantienen estadísticas propias) y al 11% según el Indec (que, aún así, será la más alta que haya medido el organismo estatal en los últimos tres años). En consecuencia, podría decirse que pasará otro año sin que casi nadie sepa a ciencia cierta cuál es el verdadero nivel de inflación en la Argentina. No sólo esta disparidad entre la inflación “oficial” y “paralela” es grave en sí misma. También lo es que cualquier economista o asociación de consumidores que pretenda elaborar indicadores propios, se expone a recibir multas o demandas judiciales del polémico secretario Guillermo Moreno si sus resultados no coinciden con los inverosímiles datos del Indec. Ya son varios los damnificados por este tipo de “aprietes”. A tal punto que esta absurda y repudiable situación dio lugar tiempo atrás al denominado IPC Congreso, que difunden mensualmente diputados opositores para cubrir de nuevas sanciones a las consultoras privadas y que arroja para los once primeros meses de 2012 un alza de 25% interanual. Este aumento no está muy alejado del 24,6% medido para igual lapso por la Universidad del CEMA (Ucema), con la salvedad de que releva los precios de una canasta de consumo de profesionales y ejecutivos con niveles de gasto cercanos a los 30.000 pesos mensuales. A esta altura está claro que los indicadores privados y/o provinciales están mucho más cerca que los del Indec de la realidad inflacionaria que perciben cotidianamente los consumidores, cualquiera sea su nivel de ingresos. Pero tanto el IPC-Indec como el IPC-Congreso comparten un defecto común aunque sus resultados difieran groseramente: ambos muestran variaciones porcentuales, pero no los precios de los productos que miden. En otras palabras, no es posible saber si el Indec considera un precio de 7 ó 15 pesos para el kilo de pan; o de 6 u 11 pesos para una cerveza de litro. Ni tampoco qué valor asigna a un alquiler, el mantenimiento de un auto, la factura de teléfono celular o un abono de televisión por cable, por citar casos al azar. La ausencia de un índice de precios confiable crea un problema socioeconómico que suele ser equiparado al de un médico que debe medir la fiebre con un termómetro descompuesto. Difícilmente acierte con el diagnóstico y mucho menos con el tratamiento. Con una inflación de dos dígitos que supera 20% anual desde hace siete años (salvo el recesivo 2009), resulta cada vez más complicado estimar los niveles de pobreza e indigencia y diseñar políticas eficaces para reducirlos. Para el Indec, una familia tipo que percibe actualmente más de 1600 pesos mensuales no es considerada pobre. O sea que podría cubrir todas sus necesidades con 53 pesos diarios. Más allá de esta fantasía, cuanto más alta y persistente es la inflación, menos representativos resulta cualquier índice que la mida, ya que refleja promedios (ponderados) de precios. Así, un aumento de 25% anual en el IPC puede incluir subas puntuales de 50% o más. Con semejante dispersión, cada argentino puede sufrir una inflación diferente según cómo esté constituida su canasta de consumos habituales. Volviendo a la analogía médica, es como si cada paciente debiera estimar por su cuenta qué temperatura podría tener. Esto genera otro problema económico: las expectativas inflacionarias de los consumidores resultan más altas que la inflación misma. Así lo demuestra una encuesta que elabora la Universidad Di Tella y arroja una perspectiva de 30% para los próximos doce meses. Una forma casera –aunque cada vez más costosa– de medir individualmente la variación de precios, consiste en realizar una compra de determinados productos en un supermercado, conservar el ticket y repetirla tiempo después con los mismos productos en el mismo local. No se trata estrictamente de un índice de precios, pero permite comparar cuánto y cómo suben los precios. Y llevarse unas cuántas sorpresas. Por ejemplo, este columnista realiza ese relevamiento desde hace casi seis años (cuando el Indec dejó de publicar precios) sobre una canasta fija compuesta por 30 productos de consumo masivo (alimentos, bebidas y artículos de limpieza) en la misma sucursal porteña de una cadena líder de supermercados. En diciembre de 2011, el costo total era de 610.15 pesos y ahora, un año más tarde, pasó a 800,93 pesos, con un incremento de 32,6%. Pero en muchos rubros hay porcentajes muy superiores. Por caso, el precio de un paquete de medio kilo de yerba pasó de $6.49 a $11,49 (84%); la botella de litro y medio de agua mineral de $3,50 a $5,39 (54%); medio kilo de café de $18,79 a $27,20 (44,7%); seis rollos de papel higiénico de $13,46 a $20,26 (50,5%) o el kilo de pan francés de $13,50 a $18,50 (37%). Para ponerlo en perspectiva, en diciembre de 2008 el costo de esa canasta era de 383,73 pesos. O sea que en cuatro años subió nada menos que 108.7%, cuando en el mismo período el aumento registrado por el Indec para el rubro alimentos y bebidas fue de 40,6%. Demás está decir que el ticket de compra fue reemplazado hace tiempo por una planilla con el registro de precios. Otra manera, más imprecisa, de verificar la inflación que el gobierno de Cristina Kirchner se empeña en subestimar, es cuánto tiempo puede durar un billete de 100 pesos en bolsillos o carteras. Por supuesto que se trata de una estimación variable según la capacidad de gasto. Pero un original sitio web (www.elbilletedelainflación.com) calcula que el poder adquisitivo de ese billete equivale hoy a apenas 35 pesos de fines de 2007. Otro dato, aportado por el diario El Cronista Comercial, indica que 7 de cada 10 billetes puestos en circulación en los últimos 12 meses son de $100 (ya sea con la imagen de Julio A. Roca o Eva Perón), de los cuales se imprimieron casi 1500 millones de unidades. En diciembre de 2007, cuando CFK asumió su primer mandato presidencial, ese total era 582 millones de unidades. También es posible verificar el efecto inflacionario con el marcado desgaste que muestran hoy los billetes de menor denominación (de 2 a 20 pesos). Aún así, el Gobierno se sigue resistiendo a emitir billetes de mayor denominación, para no convalidar la inflación que niega en los discursos. En medio de esta nebulosa, el problema recobrará vigencia próximamente, cuando comiencen a negociarse salarios en paritarias y cada parte busque cubrirse. Más aún si se insiste con la idea de un Pacto Social. El propósito oficial es que los próximos ajustes de salarios y del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias sean más bajos que la inflación pasada para no realimentar la inflación futura. Una verdadera misión imposible si se tiene en cuenta que una no dejó de subir (pese a la desaceleración de la economía) y la otra también es un misterio.

Néstor O. Scibona

LA SEMANA ECONóMICA


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