Preocupa el mercado marginal de armas en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las agresiones y los robos con armas nunca fueron extraños a la realidad local, pero últimamente sorprende la facilidad con que los menores de edad acceden a la posesión de armas de fuego, que luego utilizan para realizar asaltos o para los enfrentamientos entre pandillas.

Las autoridades reconocen el problema, pero ni siquiera están en vías de resolverlo, porque opinan que no hay un solo proveedor, sino que son muchos y en pequeña escala los que lucran con la venta clandestina de armas y municiones. En forma paralela, es tan fuerte el deseo de poseer un arma de fuego, que crece la producción de escopetas caseras, también llamadas «tumberas», rudimentarias disparadoras de cartuchos, tan peligrosas para quienes las accionan como para las víctimas de la agresión.

La inquietud por el fenómeno no es nueva, pero se potenció a partir de los tiroteos producidos en el barrio 28 de Abril dos fines de semana consecutivos, con el saldo de tres menores heridos y otro muerto de un balazo en el pecho.

Son muchos los sospechosos detenidos y procesados en los últimos meses por portar armas o utilizarlas.

Esas detenciones alejaron a los delincuentes violentos del centro de la ciudad, pero salvo contadas excepciones los robos se concentran ahora sobre objetivos menores y en los barrios periféricos, donde los golpes duran el tiempo necesario para que los delincuentes reduzcan a sus víctimas y se lleven el dinero en efectivo, y psicotrópicos en el caso de las farmacias. Elijen estaciones de servicio, farmacias, despensas, taxis y remises y casas de familia, por ser lugares donde el riesgo al fracaso es mínimo, no encuentran resistencia, y siempre tienen asegurado un botín en efectivo. Por otro lado, algunos de los damnificados no denuncian los robos, porque fueron amenazados por los ladrones, o casi no tienen datos para aportar a la policía.

El uso de armas le garantiza a los asaltantes velocidad operativa y resistencia neutralizada, y la utilización de capuchas o gorros pasamontañas les asegura que no van a ser reconocidos si son detenidos: es muy difícil que un damnificado pueda asegurar en una rueda de reconocimiento que determinado individuo es quien lo asaltó con el rostro cubierto, y también que los jueces valoren ese reconocimiento.

En diálogo con «Río Negro» un jefe policial reconoció la escalada delictiva e indicó que «hay un gran circulante de armas en toda la provincia, un gran mercado negro, que se pone en evidencia por la cantidad que secuestramos en operativos de rutina».

Se considera de especial peligrosidad a quien utiliza un arma para robar, y por eso el Código Penal reprime con 5 a 15 años de prisión ese delito, porque se presume que quien esgrime un arma durante un robo está dispuesto a usarla, y a llegar al homicidio para concretar su deseo. Y ya no importa tanto si está o no cargada, si es «de juguete» o con funcionamiento deficiente, porque es el portador quien debe demostrarlo, y es ocurre casi con exclusividad en los casos de detención in fraganti.

La jurisprudencia provincial sentencia que la figura legal del robo con armas se tipifica cuando se acredita que el arma se utilizó para cometer el despojo, físicamente o blandiéndola como amenaza.

Tanto los vecinos como los uniformados que prestan servicio en la comisaría del barrio Alto están acostumbrados a escuchar los tiroteos que se producen cada día, apenas se pone el sol. En algunos casos puede tratarse de enfrentamientos, pero también hay muchos, en su mayoría menores, que efectúan tiros al aire o afinan su puntería en los descampados.

«Secuestramos revólveres, pistolas, escopetas, rifles y tumberas casi todas las semanas, pero siguen apareciendo», comentó un oficial jefe, con el convencimiento de que existen revendedores de armas y de balas.

Adquirir un arma de uso civil y proyectiles para cargarla es un trámite relativamente fácil para el ciudadano común, pero a los pocos comercios que venden armas y municiones en la ciudad se les reconoce el especial cuidado que ponen en el expendio de esos materiales.

Sus principales clientes son miembros de las fuerzas Armadas y de Seguridad, cazadores y tiradores deportivos y legítimos usuarios de armas, y sus propietarios y empleados saben distinguir muy bien entre estos y el potencial delincuente, y en algún caso desalientan al comprador sospechoso con exigencias desmedidas.

Aún cuando se sometan a una declaración indagatoria, los delincuentes casi nunca delatan a los que les proporcionan armas, porque les temen o los consideran cómplices. Y aunque en algunos casos fueron señaladas personas que vendían o arreglaban armas, ninguno fue condenado porque no se comprobó que lo hicieran con regularidad o ánimo delictivo.

El último sospechoso de lucrar en el mercado marginal de armas es el que compró los dos revólveres que le robaron a Fernando Marti Reta después de asaltarlo y matarlo.