Preocupación en Junín de los Andes por el pase a planta permanente

JUNIN DE LOS ANDES (ASM).- En pliegues políticos y empresarios de esta ciudad, se siguen con preocupación los alcances del reciente acuerdo que firmaron el gobierno local y los trabajadores de planes de empleo representados por ATE, que contempla la regularización progresiva de su relación laboral, lo que podría derivar en la virtual duplicación de la planta de agentes.

En la práctica, se trataría de la incorporación de 148 personas como agentes temporarios, cuando actualmente revistan como beneficiarios de planes de empleos municipales, provinciales y nacionales.

La planta de personal municipal es hoy de unos 160 agentes, con lo que, hasta la finalización del mandato del intendente Herrera en el 2007, la plantilla podría elevarse hasta 308 trabajadores, entre permanentes y contratados. Conviene recordar que el Deliberante había autorizado concursos públicos para ingreso de personal hasta un número de 35 aspirantes.

Varias fuentes, que de momento prefirieron mantenerse en reserva, alertaron sobre las consecuencias de esta decisión, que podría comprometer los recursos comunales de la presente gestión y las que le continúen.

Sin embargo, fue el concejal Humberto Bosque (unibloque), quien hizo explícita su alarma en ese sentido. En diálogo con este diario, el edil advirtió que «de ningún modo me opongo a regularizar la situación de los contratados en diversos planes, pero si se hace dentro de las normativas en vigencia y con certeza respecto de los fondos necesarios y disponibles».

El concejal recordó que el artículo 97 de la Carta Orgánica impone el «ingreso por concurso público» y «examen de salud que asegure igualdad de oportunidades» para los aspirantes a incorporarse a la planta .

Pero en las actas firmadas entre el Ejecutivo y los trabajadores de planes de empleo, se convino el ingreso progresivo de 148 agentes a la planta temporaria, para saltear el cerco de la Carta Orgánica.

Sin embargo, admitió Bosque, la interpretación de la intendencia es que los concursos pueden ser internos y publicados en los órganos de difusión oficial, sin necesidad de que sean abiertos.

Bosque puso en duda el criterio del Ejecutivo en ese sentido, y dijo que los ingresos sin concurso público podrían derivar en la nulidad de los actos, que a la vez contradicen lo que ya se había acordado por la comisión paritaria de abril del 2002.

Bosque subrayó que «de seguir con esta iniciativa, se produciría un caos para la administración y para las futuras gestiones, teniendo en cuenta que para sostener tal cantidad de personal se requeriría de subas en las tasas, licencias comerciales y otros tributos».