Prerrogativas

Condenada a cuatro años, la empresaria Rita Traballoni fue detenida en octubre y alojada en la comisaría de Las Grutas. La pena respondió al fraude por la quiebra fraudulenta de Galme Pesquera, empresa que había sido favorecida por millonarios créditos irregulares otorgados por el ex BPRN.

Casi tres meses después, en un fallo inédito, el STJ aceptó su prisión domiciliaria. La resolución tiene los votos favorables de Luis Lutz y Víctor Sodero Nievas, y la abstención de Juan Pablo Videla.

El artículo 10 del Código Penal prevé este tipo de beneficios cuando la prisión no supera los seis meses y en «personas mayores de 70 años o valetudinarias». Luego, las prerrogativas se ampliaron -artículo 33 de la ley 24.660- a enfermos incurables «en período terminal».

El caso de Rita Traballoni no se encuadra en ninguna de estas categorías.

Su defensa sumó otro elemento: las condiciones de detención. Así, el STJ habló de «laguna jurídica» y propició el marco para ocuparse del «hábeas corpus» planteado.

Igual de sorprendente fueron los argumentos que aportó el Ministerio de Gobierno, que a la postre terminaron siendo cimientos para la resolución judicial.

Alberto Balladini no participó en la resolución final porque la defensa presentó -oportunamente- un amparo ante ese juez, quien lo rechazó ya que la situación de detención corresponde al tribunal de condena. Este fallo permitió luego su casación -una apelación- ante el propio STJ, pero ya sin el voto negativo de Balladini.

Desde la Procuración, Adriana Zaratiegui coincidió con el rechazo y las razones de Balladini. En la resolución, Lutz y Sodero Nievas aclaran que esta vía «es excepcional» para Traballoni, mientras los otros mortales deben agotar «la instancia del Tribunal de Ejecución Penal».

Aceptado el recurso, los jueces del STJ aprovecharon para su fallo las propias confesiones de inoperancia que hizo el Ministerio de Seguridad que conduce Iván Lázzeri. En ese sentido, fueron particularmente llamativos los aportes argumentales que proporcionó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Miguel Bermejo. El funcionario respondió al pedido de explicación del STJ sobre la detención de la condenada, declarando al Estado imposibilitado para cumplir con su responsabilidad. En dos días, el subsecretario concurrió y elevó tres misivas a la Justicia. En ellas, aceptó que el Estado no tenía otro lugar para Traballoni. Por si no era suficiente, pidió a la Justicia liberar la habitación ocupada por la mujer ante la «imperiosa necesidad» de la Policía para utilizarla.

Dio más argumentos: por ejemplo, el que señala que Choele Choel «no brindaría adecuadas condiciones» (para Traballoni) porque prevé graves conflictos en Roca y si eso ocurriese, se necesitaría la unidad de Choele. Además, la alcaidía tiene tres mujeres ya alojadas. No evaluó la opción de otras unidades y, con celeridad, en nota del 24 de diciembre, Bermejo concluyó: «No existe la posibilidad de determinar un lugar definitivo» para Traballoni.

Para no dejar dudas, los magis

trados resaltan aquellas confesiones y las refuerzan: «imposibilidad para asignar» otro destino y «se agotó el margen de soluciones posibles en manos del Estado». (Y una perla: al aludir a las carencias, el fallo mencionó el hecho de que no tuviera internet en su lugar de detención).

En conclusión, el Superior Tribunal afirmó que la provincia no puede «cumplir y hacer cumplir las normas» de «penas privativas de la libertad», justificando su «hábeas corpus correctivo» y la detención domiciliaria de Rita Traballoni.

Tal beneficio -dice el fallo- seguirá «hasta tanto se generen las condiciones adecuadas» de detención. Para ello, habría que esperar hasta que se inaugure la primera cárcel en Viedma, frente a lo cual eventualmente se revisaría el fallo.

El privilegio subyace en la resolución. Prevenido, Sodero Nievas alude en su voto a la cuestión: «La justicia es fraccionada y no por existir impedimento para hacer justicia en todos los casos, debe dejar de hacerse en los que se pueda».

La resolución sobre el caso Traballoni puede abrir la posibilidad de que otras detenidas, bajo los mismos argumentos, presenten «hábeas corpus» reclamando iguales beneficios.

De las 17 mujeres presas en Río Negro, dos internas -una de ellas con un bebé- permanecen desde hace años alojadas en una comisaría de Viedma. Las restantes en las alcaidías de Choele Choel, Roca y Bariloche.

Una preocupación

Una lectura más política del caso reabrió una preocupación: el alineamiento Lutz-Sodero Nievas, cuya continuidad conforman, de por sí, una mayoría propia ante un Balladini cada vez más aislado.

Los choques personales entre Lutz y Balladini -quien presidirá el STJ desde febrero- ya preocupa no sólo en la Justicia, sino también en el gobierno por las características alcanzadas. Se reflejó el año pasado cuando el gobernador Miguel Saiz simpatizó con el proyecto del diputado de Encuentro, Fabián Gatti, para aumentar la integración del STJ a cinco miembros.

En algo se diferenció Saiz con la iniciativa: no comparte la creación de dos salas («no aportaría solución ni celeridad», habría argumentado) y desautorizó la pretensión adicional de que se debería garantizar la participación de Cipolletti en esa integración («no se trata de cuestión territorial, sino de capacidad»).

Saiz revisó su opinión tras un rápido sondeo entre los suyos. También recibió opiniones divididas de la Justicia. «No es el tiempo. Además, si apoyo el aumento dirán que es porque favorece al gobierno, y también si lo rechazo», concluyó. Cerró, por ahora, el debate.

Por estos días, el gobernador puso en marcha el operativo procurador. Tiene apuro en su designación. Intenta superar rápidamente este debate de corporaciones, que altos costos significó en otras ocasiones a sus antecesores. Saiz quiere que el reemplazante del fallecido Hugo Mántaras surja del Poder Judicial. «Hay que evitar confrontar con el sistema», confesó.

Febrero será el mes. El escenario hoy es inmejorable para el oficialismo. En marzo podría existir otra conformación del Consejo de la Magistratura con el nuevo período legislativo. Lo preside Saiz y lo acompañan 24 miembros, la mitad diputados y los otros abogados de las cuatro circunscripciones. Hoy, el gobierno deberá sumar cinco votos entre cuatro legisladores opositores y una docena de letrados. Considera que así no será difícil designar a Adriana Zaratiegui, elegida en setiembre fiscal de Cámara.

Pero el oficialismo puede equivocarse en aquella apreciación.

Con la próxima reforma penal, el nuevo procurador se independizará y acentuará su poder, potenciado a partir de la función acusatoria que asumirá con sus subordinados, los fiscales.

Ese papel será más complejo y decisivo en el futuro próximo, de modo que la elección requerirá de un análisis serio y un buen debate. Sería un alentador inicio para esta Justicia.

Adrián Pecollo pecollowa@yahoo.com.ar